La sanción impuesta (en concreto por un importe conjunto de 2.926 millones de euros) ha sido el resultado de las investigaciones iniciadas por las autoridades europeas de la competencia en 2014, tras detectarse acuerdos secretos entre los fabricantes DAF, Daimler, Iveco, MAN y Volvo/Renault para fijar los precios de venta y retrasar deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos.

La plataforma canalizará todas las reclamaciones pertinentes

Esta investigación surgió de una denuncia de una de las implicadas (MAN, la empresa propiedad de Volkswagen) lo que dificultó enormemente la defensa de las demás marcas.

Según fuentes de la Unión Europea, todas las marcas han reconocido su participación en el cártel y ahora tienen tres meses de plazo para pagar la multa, abriéndose la vía para que todos los afectados, esto es, todos los que hayan comprado vehículos de transporte entre 1997 y 2011 puedan reclamar por los daños y perjuicios ocasionados.

En previsión del resultado de la decisión adoptada por la Comisión Europea, desde Fenadismer se ha venido trabajando en estos últimos meses en la puesta en marcha de la Plataforma de Afectados por el Cartel de Fabricantes de Camiones, (www.afectadoscartelcamiones.es), en colaboración con un prestigioso despacho jurídico europeo especializado en este tipo de reclamaciones, poniendo a disposición de todos los transportistas afectados la posibilidad de reclamar colectivamente todos los perjuicios económicos ocasionados por esta actuación fraudulenta de los fabricantes de vehículos industriales.

Reclamaciones
Ante un fraude como el protagonizado por los fabricantes de vehículos industriales, la plataforma tiene como objetivo plantear todas las reclamaciones que sean pertinentes, asistidos jurídicamente por un despacho jurídico de prestigio especializado de en este tipo de acciones colectivas consistentes en las actuaciones judiciales y extrajudiciales de reclamación de los perjuicios económicos que se han producido en la adquisición de los vehículos industriales por parte de los autónomos y empresas de transporte durante esos años.

El éxito de esta reclamación viene avalado por el magnífico resultado en la reclamación similar promovida de forma colectiva por FENADISMER ante la Agencia Tributaria, como consecuencia de la declaración de ilegalidad que del céntimo sanitario hizo en 2014 la Unión Europea, lo que ha obligado al Estado español a devolver en estos dos años más de 2.300 millones de euros.

Además, prueba de que la actuación llevada a cabo por los fabricantes europeos de camiones iba a ser declarada ilegal, es que la mayoría de las compañías involucradas en la investigación ya habían realizado provisiones por unos 2.330 millones de euros, para cubrir la multa así como posibles reclamaciones.

Por último, Fenadismer destaca que el perjuicio ocasionado por la actuación de los fabricantes de camiones no se circunscribe a las empresas transportistas, sino que como ha señalado la propia Comisaria Europea de la Competencia, Margrethe Vestager, tal actuación concertada ha provocado subidas en el coste de todos los bienes transportados, desde la comida hasta los muebles.