El pasado de 24 de enero responsables de Fetransa, Uniatramc, Fenatport y Upatrans, junto con alguna organización de ámbito provincial y colectivos del transporte como la Asociación de Transportistas Alcarreños (Atag), celebraron en Madrid una reunión para poner en común inquietudes y objetivos de cara al año 2015 e intentar aunar esfuerzos para su consecución.

Estas asociaciones, representantes de más de 20.000 autónomos y pymes del sector del transporte, analizaron aspectos como el impacto de la reforma fiscal llevada a cabo en fechas recientes, la morosidad, la reforma del ROTT, el control del fraude en el sectory el “dumping social”. Para estas organizaciones, la no solución de esta problemática “puede suponer, incluso, la desaparición de una parte importante de los autónomos que operan en el sector del transporte en nuestro país”, afirman fuentes del sector.

Los transportistas acordaron que hay que “seguir luchando para que los transportistas autónomos con un solo camión no sean excluidos del sistema de módulos”, ya que la reforma fiscal llevada a cabo por el gobierno supone un “incremento sustancial en materia impositiva que es inasumible para el transportista autónomo”. Además, penaliza al sector exportador y supone una pérdida de competitividad frente a empresas de transporte de otros países, “poniendo en peligro más de 40.000 empleos directos e indirectos”.

Tras el encuentro las asociaciones de transportistas acordaron exigir a la administración que adopte medidas sancionadoras contra las empresas que incumplen los plazos de pago establecidos en las leyes con carácter general o en particular para el sector del transporte.

Por otro lado, desde las organizaciones remarcaron que no van a permitir “bajo ningún concepto que se adopten medidas ordenadoras del sector que pongan en peligro el precario equilibrio existente entre la oferta y la demanda” que puedan suponer un “impedimento serio” a la explotación racional de un vehículo y la precarización aún mayor de la vida de los pequeños transportistas, “manteniendo, al menos, los requisitos actuales de acceso a la profesión.

A esto habría que añadir la más que posible adopción de medidas reguladoras tendentes a facilitar la desaparición de las personas físicas en el sector, que “despatrimonialicen al trabajador autónomo” y que además supongan un “agravio comparativo” con otras formas jurídicas al hacer uso del mismo, exigiendo, por lo tanto, que “se mantenga el régimen actual de transmisión de las autorizaciones de transporte”.

Los transportistas también acordaron exigir a la Administración que se adopten medidas
“realmente efectivas” para el control del fraude proveniente del transporte de cabotaje y del privado complementario, “más aún si tenemos en cuenta las últimas medidas adoptadas para
éste último”.

Asimismo, se quiere elaborar una propuesta de carácter social “acorde a la especificidad de los transportistas autónomos” y buscar el apoyo y la unidad de acción con los agentes sociales en aquellas cuestiones que sean de común interés, sobre todo en un tema tan sensible como es el “dumping social”. Para ello se quiere dar traslado a las fuerzas políticas, diferentes administraciones públicas, agentes sociales y sociedad en general de los planteamientos y de la trascendencia negativa que ciertas medidas pueden tener para el colectivo de transportistas autónomos.