La ministra de Fomento, Ana Pastor, suscribía el pasado miércoles con Audasa un protocolo que recoge una serie de actuaciones y mejoras en la autopista del Atlántico, AP-9, a fin de adaptar esta infraestructura a las futuras demandas de transporte y a las necesidades de los usuarios. El citado protocolo responde a las necesidades del tráfico de la autopista, en alguno de cuyos tramos la capacidad resulta insuficiente y es necesaria la búsqueda de soluciones que garanticen la calidad de servicio que una vía de gran capacidad debe facilitar.

Un momento de la firma del acuerdo entre Fomento y Audasa

A partir del acuerdo se tramitarán sendos convenios para el desarrollo de una serie de obras y la rebaja de peaje En virtud de este acuerdo, la sociedad concesionaria realizará con la máxima diligencia las actuaciones para iniciar las obras de ampliación de la AP-9 en Santiago de Compostela y en el entorno del Puente de Rande previstas en el anterior convenio.

Asimismo, se contempla un convenio para la rebaja de peajes. En este caso, se introduce una bonificación adicional para el recorrido Pontevedra-Vigo y viceversa, que supone la gratuidad del viaje de vuelta para vehículos ligeros en el mismo día hábil con telepeaje. El peaje medio por kilómetro actual del tramo Vigo-Pontevedra es entre un 20 y un 60% más caro que el de otros tramos de la autopista AP-9. Cuando se firme el correspondiente convenio, el peaje medio por kilómetro resultante para los vehículos que puedan ser objeto de la bonificación se equiparará al del resto de tramos de la autopista AP-9.

Por otro lado, se contempla un convenio para la redacción de proyectos y ejecución de obras, en el que se recogen los trabajos para la ampliación de la AP-9 en el entorno de A Coruña (Avda. Alfonso Molina); y conexión entre la AC-14 y la AP-9 (vial 18).

Junto a ello, las obras de remodelación del enlace de Pontevedra Norte de la AP-9, así como las obras para completar el enlace de la AP-9 con la N-550 en Vilaboa (Figueirido), que permitirá el recorrido hacia Vigo.

La inversión total a ejecutar, teniendo en cuenta todas las actuaciones que se incluyen en el protocolo, asciende a más de 400 millones de euros.