La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguraba recientemente que su intención es que Renfe siga siendo pública tras el proceso de segregación en cuatro empresas, y mostró su compromiso de mantener los puestos de trabajo actuales.

Sin embargo, Pastor no descarta que pueda entrar capital privado en alguna de las cuatro empresas en las que se dividirá la actual Renfe, posibilidad que deja abierto el Plan Presupuestario 2012-2014 remitido el pasado 3 de agosto a Bruselas.

En la actualidad, y según Fomento, Renfe arrastra una deuda de 5.000 millones de euros, Adif debe también 15.000 millones y la FEVE adeuda otros 600 millones de euros. Ana Pastor recordó que el Estado pone encima de la mesa para estas empresas públicas unos 2.000 millones de euros anuales.

El Real Decreto Ley de liberalización y racionalización del sector ferroviario prevé la apertura a la competencia del tráfico de viajeros en tren a partir de julio de 2013 y la definición antes del 31 de diciembre de las obligaciones de sector público de Renfe.

Consenso
Por otro lado, la jefa de la cartera de Fomento recalcó que confía en poder “consensuar” todo cuanto recoge el Real Decreto Ley con los representantes de los trabajadores de Renfe, tras el paro celebrado el pasado 3 de agosto en el ente, Adif y FEVE en rechazo de la norma. De hecho, las protestas siguen estando convocadas, y se espera que se viva una nueva jornada de paros el 17 de septiembre, a pesar de que la ministra ha recalcado en varias ocasiones la profesionalidad de la plantilla ferroviaria actual.

Asimismo, Pastor aseguró que se mantiene el compromiso de hacer llegar el AVE a todas las capitales de provincia, ya que, aunque “hay muchas ciudades y pueblos que disfrutan del tren de alta velocidad desde hace 20 años”, todo el área occidental y el norte de España sigue sin esta conexión. “Es nuestro compromiso que el AVE llegue a Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y que llegue a Asturias y Galicia”, añadió.

En cuanto al transporte por carretera, Pastor reiteró que la “muy importante” caída del tráfico y la sobrevaloración de los terrenos ocupados por autopistas en las expropiaciones han llevado a algunos concesionarios a una situación límite. La ministra señaló que su departamento está trabajando en una nueva regulación de todo el sistema concesional para que sea un sistema equilibrado, con riesgos tanto para el concesionario como para la administración.