Vicente Boluda, presidente de AVE, que estuvo acompañado, entre otros, por el presidente de la Fundación Pro AVE, Federico Félix, y el presidente de Valenciaport, Rafael Aznar, recordó, para dar una idea de la magnitud del proyecto, que el territorio español por el que transcurre el Corredor Mediterráneo supone más del 40% de la población española, más del 40% de las exportaciones, más del 40% del PIB y más del 70% del tráfico portuario español.

Boluda instó a diseñar una política de infraestructuras que atienda a criterios de rentabilidad, crecimiento e interés general

“A estas cifras - señaló Boluda - habría que añadirle que la salida y entrada natural de las mercancías que vienen y van a Madrid es el puerto de Valencia y que Baleares es también parte del Corredor”. Vicente Boluda aseguró que la no ejecución de la infraestructura “sería un fracaso como país que no nos podemos permitir” y que “el futuro de la economía española depende en gran medida de que España se consolide como un centro logístico intermodal y, en esta realidad, el Corredor Mediterráneo es una pieza fundamental”.

Según el estudio presentado ayer el volumen de la inversión asociada a esta infraestructura se ha estimado en torno a los 5.405 millones de euros en la Comunidad Valenciana. La mayor parte de ellos, un 82,3%, se concentran en la propia línea, acompañada por el desarrollo de nodos logísticos y nuevos accesos a los puertos que buscan facilitar el avance hacia un sistema intermodal. Además, la entrada en funcionamiento de la infraestructura tendría asociado un incremento de la demanda de 68 millones de euros. De esta forma, el incremento agregado de demanda asciende a 5.473 millones de euros para el período 2011-2014.

De acuerdo al estudio, el impacto del Corredor sobre Cataluña es importante aunque porcentualmente menor, debido al diferente tamaño de las economías regionales (el 1,94% del PIB, el 0,7% de la población activa y el 3,7% del desempleo actual). Lo que sí está claro es que la infraestructura es esencial para la comunidad Valenciana. En este sentido, el estudio estima que la paralización de las infraestructuras ferroviarias puede acarrear para 2014 un aumento de los costes de transporte del 12%, lo que supondría una reducción del volumen de comercio del 28%.

Castellón
La provincia de Castellón es la que concetraría un mayor nivel de inversión, unos 4.169 millones de euros, y también la que mayor beneficio potencial podría alcanzar: 22.253 puestos de trabajo, el 8,1% de la población activa y el 27% de su desempleo, sobre datos de 2008.

16.000 empleos anuales
El impacto sobre el empleo se sitúa en torno a los 16.000 puestos de trabajo totales anuales, que hasta 2014 supondrían 64.000 puestos. Este empleo de nueva creación significa, según el estudio, el 2,9% de la población activa y el 10,7% del desempleo actual de la Comunidad Valenciana.

Este hecho tendría un efecto inmediato en la remuneración salarial, concetamente 2.051 millones de euros, es decir, sobre el 4,2% de la renta asalariada regional de los últimos años.

La construcción sería la actividad más beneficiada, al concentrar el 57% del aumento de la producción inducido por la inversión (un 15,84% del nivel de actividad del último año), aunque también se beneficiaría el sector servicios , con 8.200 puestos de trabajo anuales.