El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en la elaboración de una estrategia participativa y pionera en Europa para atajar la pobreza en el transporte y avanzar en el objetivo de alcanzar una movilidad accesible, eficiente, sostenible y sana en todo el país.

La estrategia arrancó el pasado diciembre con un proceso participativo de consulta a la sociedad civil que ha contado con la opinión de empresas, colectivos y tercer sector. También se trabaja en coordinación con Presidencia y 11 ministerios.

En este sentido, la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hérnandez del Olmo, ha presentado hoy el Informe “Pobreza del Transporte” del Observatorio del Transporte y la Logística en España, que sienta las bases para elaborar dicha estrategia. Así, el informe aborda las causas de este tipo de pobreza para cuantificarlas y llevar a cabo políticas específicas para aliviarla y prevenirla.

La pobreza de transporte es un estado de máxima vulnerabilidad que trasciende el enfoque sobre el nivel de renta, y que se manifiesta por:
• La incapacidad o dificultad de los hogares para hacer frente a los costes del transporte público o privado.

• El acceso limitado al transporte necesario para satisfacer servicios básicos como el trabajo, la educación o la sanidad (disponibilidad del transporte público o privado).

• El tiempo empleado para llegar a este tipo de servicios. Posibilidad de alcanzar estos destinos en un tiempo razonable.

• La falta de adecuación del transporte a la movilidad de usuarios vulnerables.

La situación en España
Para medir la pobreza de transporte en España, es necesario abordarla desde estas cuatro dimensiones: disponibilidad, asequibilidad, accesibilidad y tiempo razonable de desplazamiento.

El informe recopila los informes y estudios estadísticos para cuantificar la problemática y medir su impacto. Así, en cuanto a la disponibilidad de acceso a cualquier modo de transporte (ya sea público, privado o de movilidad activa), el informe destaca el contraste entre el medio rural y el urbano, que se manifiesta especialmente en el uso del vehículo privado como medio exclusivo de movilidad en el ámbito rural.

Por otro lado, los servicios locales son más fácilmente accesibles en todo tipo de municipios en España, aunque lleva más tiempo llegar a ellos desde áreas suburbanas y, sobre todo, desde zonas rurales. Así lo determina el informe, que analiza la accesibilidad al transporte o la dificultad y el tiempo que tardan los ciudadanos en acceder a servicios básicos. Por ejemplo, una persona que vive en una ciudad tendría un servicio local a 2,5 km, mientras que para alguien que vive en una zona rural estaría a 9 km. A la vez, un estudio de Eurostat de 2022 sobre tiempos de viaje a centros de trabajo determinó que un 73,2% de los ciudadanos de las áreas rurales tarda menos de 30 minutos en llegar a su trabajo frente a un 61,8% de las áreas urbanas, lo que se explica por las mayores distancias a recorrer y la congestión diaria de las grandes áreas urbanas.

En cuanto al gasto dedicado al transporte por hogar -la asequibilidad-, el informe del Observatorio se centra en varios datos que corroboran que los hogares más vulnerables son más cautivos del transporte público, y que en las áreas rurales se gasta más en transporte debido a su dependencia del coche. En concreto, los hogares de las áreas urbanas invierten un 10,6% de su presupuesto anual en transporte, frente al 14,1% de las familias de entornos rurales. Además, un 13,3% de la población con menos ingresos carece de coche con el que desplazarse.

Por último, el informe aborda aspectos transversales que pueden suponer problemas añadidos en el acceso a la movilidad, como la inadecuada oferta de servicios de transporte a personas de movilidad o sensibilidad reducida, la inexistencia de información adecuada, cuestiones de género, edad o raciales, la seguridad del transporte o la brecha digital.

Medidas paliativas
En general, en el medio rural se observa una menor disponibilidad de servicios de transporte público y una mayor dependencia del vehículo privado que en ciudades grandes o ámbitos más urbanos, por lo que el porcentaje de gasto en transporte privado sobre el total de gasto en transporte es mayor. Por el contrario, en los entornos urbanos los tiempos de viaje resultan más elevados, especialmente en las áreas más grandes.

Ante ello, el informe identifica varios casos de buenas prácticas que abordan estas casuísticas, varias de ellas ya implementadas desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como son el fomento del transporte público, la construcción de infraestructura para potenciar la movilidad activa -carriles bici, peatonalización- o la intermodalidad.

Además, apunta a la incidencia que pueden tener políticas económicas o fiscales en el aumento del uso del transporte público y anima a acompañar estas políticas con medidas sociales -dirigidas específicamente a colectivos vulnerables- y legislativas. En este sentido, destaca el impacto positivo de las políticas de descuentos enfocadas a promover el cambio modal y que vayan de la mano de medidas para incrementar la oferta y fiabilidad.

España, pionera en Europa
España es el primer país europeo que está trabajando en un instrumento integral sobre pobreza de transporte que aborde este problema desde todas sus perspectivas. La Estrategia contra la pobreza del transporte arrancó el pasado diciembre con la creación de un Grupo de Trabajo interministerial compuesto de doce ministerios y la Presidencia del Gobierno.

La primera medida del grupo de cara a impulsar la estrategia fue abrir un proceso de participación pública para recabar ideas y propuestas de la ciudadanía, la sociedad civil y las entidades públicas o privadas, con el objetivo de favorecer el consenso en el enfoque y las actuaciones para prevenir y paliar la pobreza de transporte. En total, se recibieron aportaciones de 84 entidades, procedentes de las asociaciones y colectivos sociales, las asociaciones empresariales, la administración pública, o la propia ciudadanía.

Esta Estrategia estará alineada con los objetivos de los instrumentos de planificación estratégica estatal en materia de movilidad, energía, clima, calidad del aire, salud humana, derechos humanos, etc., y complementará el futuro Plan Social para el Clima, establecido en el Reglamento (UE) 2023/955 por el que se crea un Fondo Social para el Clima, pues la Estrategia recogerá políticas y medidas para luchar contra la pobreza de transporte y paliar sus efectos.

Por otro lado, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo, esencial para mejorar las oportunidades de progreso de los ciudadanos en relación con el acceso al empleo, la formación, los bienes y servicios, la cultura, el ocio y las demás actividades cotidianas.