Con enorme satisfacción ha recibido FENADISMER la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, dictada el pasado 11 de marzo y notificada ahora las partes, por la que condena a la compañía petrolífera British Petroleum (BP) a indemnizar con más de 4 millones de euros a los 3.200 transportistas que se acogieron a la macro demanda colectiva promovida en su día por los sobreprecios que se han venido aplicando de forma abusiva en España en los últimos años.

Como se recordará, dicha actuación judicial se fundamentaba en la Resolución sancionadora dictada en su día por la Comisión Nacional de la Competencia por prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de los hidrocarburos en nuestro país, y que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, lo que abría la puerta a que los transportistas pudieran reclamar, en concepto de daños y perjuicios ocasionados, por la compra del combustible durante todos estos años por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos.

Así en su sentencia, el Juez considera demostrado que la infracción, continuada durante más de una década, “ha causado efectos en forma de sobreprecios variables cuyo promedio por litro de Gasóleo A ha sido de 6,96 céntimos” , alcanzándose algunos años sobreprecios próximos a los 10 céntimos por litro, “considerándose correcta la forma del cálculo de los daños y perjuicios efectuada por los peritos”, cuyo informe ha utilizado la metodología de comparación diacrónica (esto es, antes de la infracción y durante el periodo de posibles efectos de la infracción así como con otros productos similares no afectados), denominada también de “diferencia de las diferencias”, que el Juez califica como de método “robusto y adecuado” dada la gran cantidad de datos de facturación de los que se dispone de los referidos periodos, en concreto, más de medio millón de facturas aportadas por los reclamantes

FENADISMER califica de “pionera e histórica” esta sentencia, que se suma a las actuaciones judiciales que la Federación ha venido impulsando contra otros carteles y prácticas restrictivas de la competencia en diferentes sectores económicos promovidas por grandes grupos empresariales para elevar artificialmente los precios finales de los bienes y servicios en contra de los consumidores tanto particulares como profesionales, que pese a que en algunos casos han sido sancionadas por las autoridades de vigilancia de la competencia, en muchos casos lamentablemente la cuantía irrisoria de las multas impuestas no ha tenido ningún efecto disuasorio, lo que hace necesario que se faciliten desde los poderes públicos los mecanismos legales necesarios para facilitar que los consumidores puedan reclamar judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por dichas prácticas abusivas.