El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha movilizado 878 millones de euros para rebajar el precio del transporte público local y metropolitano a los viajeros habituales durante todo 2025 y, así, impulsar el uso de alternativas de movilidad más sostenibles y seguras.

En concreto, ha activado 355 millones de euros para financiar el nuevo sistema de descuentos del transporte público colectivo de titularidad local y autonómica, que estará vigente desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025; 183 millones de euros para subvencionar la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias y Baleares durante todo el año, y 10 millones de euros para rebajar los servicios públicos de bicicleta compartida.

Los potenciales beneficiarios, las comunidades autónomas y las entidades locales ya pueden solicitar estas ayudas hasta el 30 de abril de 2025 a través de la sede electrónica del Ministerio.

Estos fondos se suman a los 330 millones de euros destinados a financiar los descuentos de, al menos, el 50% en el precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte público urbano y metropolitano durante el primer semestre de 2025. Estas rebajas, ya en vigor, son una prórroga del sistema aplicado en 2024 y 2023 e implican que las comunidades autónomas y las entidades locales se comprometan a financiar un 20% del descuento, mientras que el Ministerio compensará el otro 30%.

De esta forma, el Ministerio continúa promoviendo medidas para impulsar el transporte público, que han fomentado un alza del 33% de los viajes en 2024 en comparación con 2022, y da una nueva vuelta a la política para avanzar en el objetivo de mejorar la calidad y las frecuencias del transporte público.

Las ayudas activadas
Este nuevo esquema de ayudas directas para rebajar el precio del transporte público local y metropolitano durante el segundo semestre de 2025 es más ambicioso y contempla diferentes rebajas en función del tipo de usuario para impulsar el uso de alternativas de movilidad diaria más sostenibles y eficientes. Los tres tipos de descuentos son:
• Gratuidad para la población infantil hasta los 14 años.

• Reducción del 50% del importe de la tarifa en abonos joven y títulos multiviaje joven. Cada administración definirá la horquilla de edad que se considera joven para este tipo de descuentos.

• Rebaja de, al menos, un 40% en el resto de los abonos y títulos multiviaje. En este caso, el Ministerio financiará un 20% de los descuentos siempre y cuando las entidades locales o comunidades autónomas competentes se comprometan a financiar con cargo a sus presupuestos una rebaja de un 20%, como mínimo.

Quedan excluidos de este esquema de descuentos los billetes sencillos, los de ida y vuelta y los títulos turísticos.

Las subvenciones están dirigidas a las entidades locales y las comunidades autónomas que se comprometan a aplicar las rebajas en los abonos y títulos multiviaje.

En el caso particular de Canarias y Baleares se mantiene la gratuidad del transporte público durante todo 2025, como respuesta a su hecho insular y para hacer efectivo el principio de solidaridad reconocido en la Constitución Española (más información al final de la nota). También se abre el plazo para que ambas CCAA soliciten los 183 millones de euros solicitados para financiar la gratuidad en 2025.

Los potenciales beneficiarios tienen hasta el 30 de abril para solicitar las ayudas a través de la sede electrónica del Ministerio.

Requisitos para acceder a las nuevas ayudas
Para poder ser beneficiario, las comunidades autónomas o entidades locales tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
• Tener implantado en los servicios de transporte terrestre de su competencia un sistema de tarifas para títulos multiviaje y abonos, excluidos el billete de ida y vuelta y los títulos turísticos.

• Financiar, con cargo a sus propios presupuestos, un descuento de, al menos, el 20% en el precio de los abonos y títulos multiviaje distintos de los infantiles y juveniles.

• Las entidades locales con obligación legal de disponer de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), como los municipios de más de 50.000 habitantes, deberán contar con una ZBE ya implantada de manera efectiva o comprometerse a tenerla durante 2025.

Para considerar efectiva la implantación de la ZBE será necesario disponer de una normativa municipal vigente y de aplicación donde se establezca la delimitación legal de la ZBE y su regulación; así como medidas de prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según el potencial contaminante de los vehículos.

Además, será necesario disponer de un sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento, y de un régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos que pudiera haberse contemplado previamente.

Pago de las ayudas
Las comunidades autónomas y entidades locales que quieran optar por recibir un anticipo de las cuantías que les corresponderían, deberán presentar sus solicitudes dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la resolución de convocatoria de las ayudas.

En cuanto al pago de las ayudas, los beneficiarios presentarán durante los meses de enero y febrero de 2026 las liquidaciones referidas a los títulos de transporte emitidos en el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. Una vez recibida la documentación, se procederá a tramitar el pago de las ayudas, siendo el anticipo a cuenta otorgado previamente descontado de la liquidación final.

De los 355 millones de euros activados, 235 millones de euros corresponden a las comunidades autónomas y 120 millones de euros a las entidades locales.

Gratuidad en Canarias y Baleares
La convocatoria publicada también abre el plazo para que Canarias y Baleares soliciten las ayudas destinadas a financiar la gratuidad de su transporte público colectivo terrestre durante todo el año 2025.

En concreto, el presupuesto de estas ayudas asciende a 120 millones de euros en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y a 63 millones de euros en el caso de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, dando respuesta al incremento de la demanda registrada en los últimos años.

Es esta una medida que viene a reconocer la singularidad insular de ambas regiones y busca contribuir a promover el uso del transporte público en la movilidad cotidiana y a reducir las emisiones contaminantes y la congestión en las ciudades.