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ASTIC rechaza el intento de la Comisión Europea y ACEA de crear un mercado automotriz artificial a golpe de normativa
Para la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, los fabricantes buscan paliar el daño de la política intervencionista de la CE en el mercado, que les aboca a sufrir severas multas, incrementando aún más este intervencionismo y extendiéndolo a los transportistas y sus clientes; políticas que ya se demostraron contraproducentes en los países de economías planificadas
VM, 12/02/2025

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), decana de las patronales del transporte profesional terrestre en España, rechaza la intención de la Comisión Europea y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) de crear un mercado automotriz europeo artificial vía normativa por considerarlo inaceptable y totalmente inconveniente.

ACEA ha emitido un comunicado en el que refleja, por un lado, una preocupación de la industria automotriz europea sobre la viabilidad de cumplir con los objetivos de incorporar porcentajes crecientes de vehículos cero emisiones en el mercado de la UE cuando se aprecia que es un mercado que aún no está preparado para una transición tan abrupta; y por otro lado, se presenta como una estrategia para trasladar parte de la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos que la UE ha puesto a gravitar sobre ellos, bajo amenaza de grandes sanciones económicas, a los operadores de flotas, sus clientes, mediante medidas indirectas (como los peajes o incentivar la presión de las empresas cargadoras para exigirle a sus proveedores de transporte que cambien a esta clase de vehículos cero emisiones).

«La intención de generar artificialmente un "mercado garantizado" para vehículos de cero emisiones es, desde nuestro punto de vista, incomprensible en una economía capitalista de libre mercado como se supone que es la que rige en la UE», explica Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC y miembro del Comité Ejecutivo de Presidencia de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU).

Además de este fallo en sus fundamentos, la propuesta de ACEA exhibe ciertos problemas:
• Falta de consulta y coordinación: La ausencia de un diálogo efectivo con los operadores de flotas podría resultar en medidas que, lejos de facilitar la transición, creen resistencias y consecuencias económicas negativas, como por ejemplo alargar aún más la vida de los parques rodantes existentes.

• Instrumentos potencialmente distorsivos: Imponer costes adicionales sin complementar la medida con incentivos, infraestructura y apoyo financiero puede generar efectos colaterales adversos, afectando a la competitividad del sector del transporte y, por tanto, a toda la economía de la Unión.

• Necesidad de un enfoque holístico: La transición hacia un transporte sostenible requiere un paquete integrado de políticas que abarque desde la innovación y el desarrollo tecnológico hasta el fortalecimiento de la demanda a través de incentivos y mejoras en la infraestructura.

Aunque el comunicado de ACEA expone un dilema real en la intersección entre la ambición regulatoria intervencionista y las condiciones de mercado, la propuesta de presionar a las flotas debe ser evaluada con cautela y en un contexto de diálogo amplio. Una transición exitosa requerirá medidas complementarias y coordinadas que no solo impulsen la oferta de vehículos cero emisiones, sino que también faciliten y apoyen la demanda, garantizando así que el proceso hacia la neutralidad en emisiones de CO2 sea tanto ambientalmente eficaz como económicamente sostenible para todos los actores involucrados.


 

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