Al amparo de las sucesivas prórrogas del mantenimiento del régimen de módulos en el sector del transporte, en la última década ha surgido un grave fenómeno de intrusismo e ilegalidad promovido por un grupo de gestores utilizando de forma fraudulenta la figura empresarial de la cooperativa para facilitar la entrada al sector de nuevos emprendedores, en clara competencia desleal con el resto de cooperativas y de empresas que operan en el sector del transporte por carretera.

Y es que pese a las reiteradas denuncias presentadas ante la Inspección de Transportes por contravenir claramente la vigente Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres tras la reforma aprobada en 2013, y que el Ministerio de Transportes lo tenga incluido en su Plan anual de Inspección desde 2018 como actuación prioritaria a perseguir, lo cierto es que en estos últimos años, lejos de haberse erradicado este foco de fraude o haber disminuido sensiblemente, al contrario se ha consolidado de forma muy exitosa aprovechando las importantes ventajas fiscales que el régimen de módulos comporta.

En este sentido, desde la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte se han podido constatar determinadas anomalías en el cumplimiento por estas cooperativas de los requisitos administrativos exigidos para poder ejercer la actividad de transporte, como el hecho de que un mismo gestor de transporte esté capacitando simultáneamente a varias de estas cooperativas pese a que la normativa sectorial no lo permita, lo que podría suponer una dejación de funciones de la Administración competente en dichos controles administrativos.

Si bien las cooperativas que actúan de esta forma fraudulenta apenas representan el 10% de las cooperativas que operan en el sector, sin embargo su crecimiento ha sido exponencial a lo largo de estos años, superando el millar de asociados los que se estarían aprovechando de esta forma ilegal de actuación con aparente impunidad.

Todo ello ha llevado a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte FENACOTRANS a interponer una querella criminal ante la Fiscalía Anticorrupción contra este grupo de cooperativas y sus gestores por la presunta comisión de diferentes delitos tributarios y de otra índole, en la cual se relata de forma pormenorizada el modus operandi de su actuación, diseñada para tratar de evitar el control de las diferentes Administraciones y que sea más difícil detectar el fraude.

Para FENACOTRANS la actuación ilegal y fraudulenta de este tipo de pseudo-cooperativas en el sector del transporte contribuye a desprestigiar el buen hacer de la mayoría de las cooperativas existentes así como su carácter eminentemente social, teniendo en cuenta que esta figura empresarial, pese a estar protegida constitucionalmente, desafortunadamente tienen poca presencia en el sector, ya que las cooperativas de transporte apenas representan el 1% de las empresas de transporte que operan en España.

Por ello, FENACOTRANS rechaza que esta utilización indebida, aunque limitada, de las cooperativas, sirva de excusa a determinados intereses ajenos al sector del cooperativismo para desprestigiar dicha figura empresarial, que contribuyen tanto a la creación de empleo estable como a su aportación a las arcas públicas ya que, a diferencia de otros modelos empresariales, no llevan a cabo procesos de deslocalización a terceros países, al estar enraizadas en nuestro territorio.