El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 78,7 millones de euros (IVA no incluido) un nuevo contrato para prestar los servicios de las líneas marítimas entre Melilla y Málaga, Motril y Almería para garantizar la conectividad de la ciudad autónoma con la Península.

El contrato, que entrará en vigor en enero de 2025, tiene una duración inicial de dos años, prorrogables por otros dos.

Dos lotes
El contrato para operar las líneas de interés pública se licita en dos lotes:
-Lote 1, para la línea Melilla - Málaga - Melilla, cuyo precio base de licitación es de 10,44 millones de euros anuales.

-Lote 2, para las líneas Melilla - Almería - Melilla y Melilla - Motril - Melilla, que se licitan por 9,234 millones de euros anuales.

El objetivo es facilitar la conectividad de Melilla con la Península mediante el transporte marítimo y permitir la movilidad de los ciudadanos entre los diferentes destinos.

El pliego establece como mínimo 6 rotaciones semanales en la línea Málaga-Melilla y tres rotaciones semanales en las líneas de Almería y Motril, ampliables en períodos vacacionales o de alta demanda.

En los criterios de valoración de las ofertas, se destaca especialmente la disminución del impacto ambiental de la flota y su eficiencia energética y, en segundo término, la menor edad de los buques, reducción de tarifas, mayor capacidad de camarotes y rotaciones adicionales que se pudieran proponer en la licitación.

En cada lote se debe adscribir al menos un buque de trasbordo rodado con capacidad mínima de 450 plazas para pasajeros, de los cuales 200 lo serán en camas distribuidas en camarotes, y otras 250 para vehículos; valorándose como mejora la mayor oferta de plazas en camarotes.

Hay que destacar los aspectos de calidad y servicio exigidos, debiendo contar todos los barcos con servicio médico a bordo, seguridad privada, espacio de mascotas, espacio de silencio, cuidado y actividades para niños y servicio de internet con wifi gratuito durante todo el viaje.

El valor estimado del contrato autorizado por el Gobierno contempla por primera vez el impacto de la entrada en vigor, el pasado mes de enero, de la norma europea que establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el transporte marítimo.