Frente a la posición adoptada por el Gobierno estatal de no implantar peajes en las autovías y carreteras españolas, por las consecuencias negativas que tendría para la economía española y especialmente a las exportaciones al resto de Europa, la Diputación de Vizcaya ha decidido ir en contra y ha decido implantar peajes a camiones en las principales autovías y carreteras nacionales que discurren por dicha provincia.

Esta medida se ha articulado a través de la instalación de numerosos arcos de control en diferentes vías provinciales, inicialmente en la BI-625 y la N-240 y desde este 1 de julio amplaido a las carreteras A-8, N-636, BI-10 y BI-30 (antigua N-637). El peaje se gestiona mediante el sistema de comprobación de matrícula gracias a la tecnología free-flow instalada en los arcos, la cual calculará el importe en función de la categoría Euro del vehículo, cargando directamente el importe del peaje en la empresa transportista titular del camión sin necesidad de tener que detenerse.

Según los cálculos realizados por la Federación, el sobrecoste que supondrá para los autónomos y empresas que transitan por dichas vías será de unos 600 euros mensuales, lo que tendrá un claro efecto inflacionista, afectando principalmente a los transportistas vizcaínos.

Por ello, FENADISMER considera que los nuevos peajes aprobados persiguen un simple “afán recaudatorio” de la Diputación de Vizcaya, teniendo en cuenta que el sector del transporte por carretera ya contribuye sobradamente vía impuestos al mantenimiento de las carreteras vizcaínas, como lo demuestra el hecho de que en dicha provincia se suministran anualmente casi 500 millones de litros de gasóleo A, principalmente procedentes de los vehículos de transporte, lo que le permite recaudar anualmente a la Diputación Foral nada menos que 150 millones de euros al año sólo por el impuesto de hidrocarburos.