El régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera aprobado a finales de 2021, unido a la intensa actividad llevada a cabo por los Servicios de Inspección de Transporte en este ámbito en los últimos meses, con una campaña de control llevada a a cabo de oficio tanto a empresas cargadoras como intermediarias, están contribuyendo de forma decisiva a mejorar la situación de los plazos de pago a los transportistas.

Según Fenadismer, conforme a los datos hechos públicos por el ministerio de Transportes correspondiente a la ejecución del Plan Nacional de Inspección de Transporte de 20023, en materia de control de la morosidad se impusieron un total de 3411 sanciones infracciones por incumplir los plazos máximos legales de pago, lo que supuso casi un 2000% más de inspecciones en este ámbito como consecuencia de su inclusión como actuación prioritaria.

Así, el pasado mes de marzo se produjo una fuerte disminución en los plazos de pago frente al mes anterior, situándose por primera vez desde que se viene elaborando el Observatorio permanente de la morosidad que Fenadismer elabora mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, en 64 días, por tanto muy próximo al plazo de máximo legal de pago que marca la ley.

En este mes las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, en el 70% de los casos los excesos de plazo de pago son leves, esto es, entre 60 y 90 días. Sin embargo, en el lado opuesto hay un 7% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022 en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%. En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (68%), seguido del confirming (28%), el pagaré (4%) y el cheque (<1%).

Por otra parte, ayer el Parlamento Europeo, en su último plenario antes de las elecciones de junio, aprobó el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días, reduciendo así el plazo máximo actualmente establecido en 60 días, lo que es valorado muy positivamente por Fenadismer, que ha venido luchando activamente este año por la aprobación de dicha medida a nivel europeo en colaboración con el resto de organizaciones que conforman la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. En todo caso, después de su aprobación en el Parlamento, la normativa tendrá que pasar por el Consejo de la Unión Europea.