En los últimos años FENADISMER ha venido actuando de forma muy activa y exitosa en contra de los diferentes oligopolios y prácticas anticompetitivas que ha venido sufriendo el sector del transporte por carretera en diferentes ámbitos en los últimos años. Prueba de ello fue la reclamación contra el conocido cártel de fabricantes europeo de camiones promovida en 2016, que afectó a más de 200.000 camiones en toda España, o más recientemente las macrodemandas interpuestas en 2021 y 2022 contra las principales petroleras establecidas en España por sobreprecios en más de 4.000 millones de litros de combustible adquiridos por los transportistas durante los últimos 14 años.

En este ámbito, FENADISMER tiene abierta una nueva fase para que todos los transportistas y sus familiares y allegados afectados por el cártel español de fabricantes y concesionarios de furgonetas, turismos y derivados puedan adherirse a la nueva reclamación judicial que va a plantear el próximo mes de Noviembre, fundamentada en las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo contra 23 marcas de automóviles por sobreprecios en la venta de los vehículos, y que han supuesto hasta un 18% del valor del vehículo más los correspondientes intereses, según han resuelto las primeras sentencias sobre reclamación de indemnizaciones que han sido dictadas sobre dicho cártel.

La incorporación de las empresas, autónomos o particulares afectados al procedimiento de reclamación judicial que promueve FENADISMER, a través de sus organizaciones territoriales, es totalmente gratuita y abierta a todos los afectados gracias a la ampliación de los plazos de reclamación que han sentenciado la justicia española y europea, lo que permite adherirse incluso a aquellos que no hubieran interrumpido la prescripción en su momento, debiendo hacerlo antes del próximo 31 de Octubre como fecha límite.

Según diferentes estimaciones, el número de furgonetas y derivados de turismos afectados por el cártel durante los 8 años de actuación concertada por parte de los fabricantes y concesionarios se situaría en torno a los 500.000 en toda España a los que habría que sumar los más de 8 millones de turismos también afectados.