Sorpresa y malestar ha causado en el sector del transporte la modificación legal aprobada la semana pasada por el Parlamento, y promovida por el Gobierno, por la que se amplía como beneficiarios de las ayudas al combustible que entraron en vigor el pasado mes de Enero a los camiones pertenecientes a las empresas de transporte extranjeras que operan en España.

Como se recordará, entre las principales medidas incluidas en el nuevo Paquete de Ayudas aprobado por el Gobierno mediante Decreto-Ley el pasado mes de Diciembre, fruto de las negociaciones llevadas a cabo entre las asociaciones nacionales de transportistas y el Ministerio de Transportes, se incluyó la bonificación de hasta 20 céntimos por litro a los combustibles para los vehículos de transporte por carretera durante este primer semestre de este año, la cual se articula a través de la figura del gasóleo profesional en el caso de los camiones de más a superior a las 7.5 toneladas.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido ampliar dicha ayuda y sin razón aparente también a las empresas extranjeras, además haciéndolo con carácter retroactivo, lo que implica que todos los repostajes que hayan realizado los camiones con matrícula extranjera que hayan trabajado en España desde el pasado mes de Enero podrán obtener la bonificación de hasta 20 céntimos por litro en el combustible.

Para FENADISMER esta decisión supone agravar más aún la situación de competencia desleal que en los últimos años vienen sufriendo los transportistas españoles por parte de empresas extranjeras, especialmente de empresas procedentes de países del Este de Europa, en algunos casos pertenecientes a empresarios españoles que han deslocalizado sus flotas en dichos países a los únicos efectos de obtener menores costes laborales y fiscales, pero sin ninguna actividad real allí, sino para trabajar de forma permanente en España, lo que coloquialmente se denomina “empresas buzón”. De hecho, casi el 40% del transporte con origen o destino en España es realizado por empresas extranjeras, principalmente radicadas en Polonia, Lituania, Portugal, Bulgaria y Rumanía, que con la nueva medida aprobada se verán “incomprensiblemente” beneficiadas con dinero procedente del Erario público español.