El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto por real decreto ley las medidas de apoyo al sector del transporte por carretera pactadas con el sector, que recoge, entre otros asuntos, mecanismos para evitar que los transportistas trabajen a pérdida.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado tras la reunión celebrada el pasado jueves en el Ministerio, que los límites a la subcontratación “para que no perjudiquen al eslabón más débil” que se pactaron con el Comité Nacional de Transporte de Mercancías no irán en este real decreto “porque no da tiempo”, aunque el Gobierno mantiene el compromiso de establecerlo.

El Comité solicitó acelerar la aprobación y entrada en vigor de las medidas ante el deterioro de la situación y el alza de los costes. El acuerdo alcanzado en marzo comprometía al Ministerio a presentar al Comité antes del 31 de julio de 2022 el citado proyecto de ley, con el que se busca aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria.

El nuevo texto legal recogerá disposiciones para asegurar que el precio del transporte sea
igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en aquéllos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia. Adicionalmente, se está valorando revisar la regulación de la subcontratación en el sector para evitar una utilización abusiva de la misma y sus efectos perniciosos sobre el transportista efectivo, que ve mermada su retribución de forma injustificada por esta cuestión.

La norma asegurará que el precio del transporte sea igual o superior a los costes en que incurren los transportistas, con medidas semejantes a las de la ley de cadena alimentaria, y establece también la obligación de que los contratos se firmen por escrito.

La ministra ha recordado que el paquete de apoyo al sector establece, entre otras ayudas, una bolsa de 450 millones de euros con la que se abonarán a los autónomos 1.250 euros por cada camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, vehículo de alquiler con conductor (VTC) o ambulancia. Las ayudas se han hecho extensibles también a autobuses urbanos y en la norma se introducirá una habilitación para que las administraciones autonómicas y locales puedan “reequilibrar” los contratos de transporte por autobús para compensar a las concesionarias por el aumento de los precios del combustible.

Se introducirá, además, una habilitación para que todas aquellas administraciones que así lo deseen, para garantizar la prestación de los servicios de transporte, puedan realizar un reequilibrio de sus contratos de transporte por autobús para poder compensar los costes extraordinarios que la subida del precio del combustible ha originado en estos contratos, aplicable tanto aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario.