Durante el reciente estado de alarma la sociedad española tuvo la oportunidad de sentir de primera mano la importancia que tiene el sector del transporte de mercancías en el abastecimiento de los productos de primera necesidad. Esa disponibilidad de todo tipo de productos, que tendemos a dar por supuesta en el vivir cotidiano, y que una situación excepcional permitió valorar en su justa medida, puso de manifiesto que, de nada sirve que las grandes superficies abran sus puertas si las mercancías no llegan hasta ellas y, para ello, en el último tramo, siempre ha de hacerlo un vehículo de nuestro sector.

Esta realidad que parece tan obvia, no lo es tanto, ni a los ojos de esas grandes- y no tan grandes- superficies, ni tampoco, de modo incomprensible, para nuestro Gobierno. El sector al que representamos lleva años atravesando una situación dificilísima, con enormes problemas de tipo estructural y coyuntural, acerca de los cuales se ha llamado repetidas veces la atención tanto de la Administración, como de nuestros clientes, sin haber obtenido la menor respuesta, aun cuando existe un riesgo cierto de quiebra estructural del sector. Ambos parecen vivir bajo el ensueño de, “si estos desaparecen, otros lo harán”. Ignorando la realidad que, en las circunstancias actuales del sector, no habrá ningún otro.

Desde hace más de dos años, la Administración tiene una lista de los problemas concretos del transporte de mercancías por carretera para los que se ha pedido solución, sin que en todo este tiempo se haya hecho nada para resolverlos, incluso cuando existe compromisos firmados por todo un Secretario de Estado. Más bien al contrario, cada día los profesionales del sector se desayunan con la realidad del aumento de costes, una alarmante ausencia de conductores por la total ausencia de incentivos para la profesión, trabajando para unos clientes que les someten a un trato vejatorio, obligándoles a realizar labores propias de un carretillero, tras largas horas de espera en sus instalaciones en condiciones degradantes. Tampoco las empresas de transporte, mayormente en situación de mera supervivencia, están en condiciones de pagar unos sueldos muy superiores, que en ningún caso van a compensar ese maltrato.

Pues bien, en esa tesitura, al parecer el Gobierno sin tener en cuenta lo acordado, es decir sin el consenso del sector, tiene intención de imponer su criterio en cuestiones como el pago por uso, la transición ecológica, el cambio de dimensiones y pesos.

Desde su nombramiento, hemos tratado de mantener una reunión con la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para hacerle ver esta situación, sin que al parecer haya tenido tiempo para ello y que sí ha empleado en otras cuestiones y en otros sectores de transporte, sin atender una actividad definida por el propio Gobierno como esencial, como es la nuestra.

En esta situación de abandono, ante un riesgo cierto de quiebra estructural del sector, solo cabe llamar a la sensibilidad de las bases asociativas de nuestras organizaciones con el fin de adoptar si fuera preciso medidas excepcionales, sin descartar ninguna, que trasladen a la sociedad el grave peligro ante el que se encuentra el transporte por carretera y que, desde luego, trasciende a su mero interés.