El Plan de Ayudas a la retirada incentivada de los transportistas, que puso en marcha el Ministerio de Transportes en los años 90, se articuló como una medida de carácter social destinada a contribuir a la restructuración del sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, lo que a lo largo de estos años ha posibilitado que miles de transportistas hayan podido abandonar el sector debido a su avanzada edad o estado de salud.

La partida presupuestaria destinada por los sucesivos Gobiernos a este Plan no ha sido constante, sino que ha ido variando año tras año en función de las circunstancias económicas pero, sobre todo, de la implicación y compromiso del Ministro de Transportes de turno con el sector. Así fue especialmente significativo el Presupuesto para dicho Plan aprobado en el año 2009, con un total de 120 millones de euros, y que posibilitó que casi 2000 transportistas pudieran acogerse a dichas ayudas en plena crisis económica, aunque en los años posteriores el presupuesto destinado a dicho Plan ha presentado también importes destacados, como los 60 millones dedicados en 2010 o los 42 millones en 2011, pese a la situación económica que atravesaba en el país en esos años.

Desafortunadamente este apoyo al sector contrasta con la partida económica destinada en los cuatro últimos años, en los que el importe anual para dicho Plan recogida en los Presupuestos Generales ha sido inferior a los 10 millones de euros, lo que ha permitido acogerse a poco más de 300 transportistas cada año, quedándose excluidos más del 60 % de los transportistas que han venido solicitando dicha ayuda, lo que ha motivado que las asociaciones de transportistas hayan venido solicitando reiteradamente que se elevara de forma sustancial dicha partida.

Sin embargo, a juicio de FENADISMER una vez más el sector del transporte por carretera vuelve a ser el gran olvidado de este Ministerio, como lo demuestra el hecho de que pese a que el Presupuesto del Ministerio de Transporte para el año 2022 crece en un 17%, sin embargo, la partida destinada al Plan de Ayudas se queda congelada un año más, en concreto en 9´9 millones de euros, lo que supondrá en la práctica que una vez más previsiblemente dos de cada tres transportistas que lo soliciten queden fuera de dichas ayudas.

Ello contrasta con lo anunciado la semana pasada por la actual Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que calificaba los Presupuestos de su Departamento como "los más ambiciosos de la historia", añadiendo que se tratan de "unos Presupuestos pensados, sobre todo, para garantizar que la mejora económica llega a todas las familias".

Por ello, FENADISMER instará a todos los Grupos Parlamentarios a que, durante la tramitación del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se apruebe un incremento sustancial del presupuesto destinado a tal fin social, con el fin de posibilitar un retiro digno al mayor número posible de transportistas que en las actuales circunstancias más lo necesitan.