Desde que se anunciara en el mes de Abril la intención del Gobierno de establecer un mecanismo de pago por el uso de las carreteras en España, hasta la fecha las organizaciones del sector del transporte por carretera siguen sin haber recibido una propuesta concreta por parte del Ministerio de Transportes sobre su intención en relación a dicha medida y el impacto económico que tendrá sobre el sector del transporte

Por eso, FENADISMER manifiesta su malestar y rechazo por la actuación llevada a cabo por diferentes representantes del Gobierno durante estas semanas, haciendo declaraciones públicas en los medios de comunicación sobre su intención, sin haberse sentado previamente a negociar con los principales afectados por dicha medida, como son los transportistas profesionales.

De hecho, según se ha anunciado, el Ministerio de Transportes ya trabaja en el texto del Anteproyecto de Ley con la intención de aprobarlo en Consejo de Ministros antes de que acabe el año, para que una vez aprobada definitivamente la ley, se establezca un plazo de 2 a 3 años para desarrollar los instrumentos normativos y crear la infraestructura técnica necesaria en la red viaria que permita implantar el sistema de pago a nivel nacional.

En todo caso, el propio Gobierno reconoce que el principal “riesgo de rechazo” lo va a recibir por parte del colectivo de transportistas profesionales, tomando como referencia la experiencia vivida en Francia, en la que el Gobierno galo intentó hasta en 5 veces establecer una tasa similar en las carreteras francesas, lo que contó con un fuerte rechazo por parte de los transportistas de aquel país, obligándole a abandonar dicho proyecto. Por ello, Por eso, FENADISMER manifiesta su malestar y rechazo por la actuación llevada a cabo por diferentes representantes del Gobierno durante estas semanas, haciendo declaraciones públicas en los medios de comunicación sobre su intención, sin haberse sentado previamente a negociar con los principales afectados por dicha medida, como son los transportistas profesionales.

De hecho, según se ha anunciado, el Ministerio de Transportes ya trabaja en el texto del Anteproyecto de Ley con la intención de aprobarlo en Consejo de Ministros antes de que acabe el año, para que una vez aprobada definitivamente la ley, se establezca un plazo de 2 a 3 años para desarrollar los instrumentos normativos y crear la infraestructura técnica necesaria en la red viaria que permita implantar el sistema de pago a nivel nacional.

En todo caso, el propio Gobierno reconoce que el principal “riesgo de rechazo” lo va a recibir por parte del colectivo de transportistas profesionales, tomando como referencia la experiencia vivida en Francia, en la que el Gobierno galo intentó hasta en 5 veces establecer una tasa similar en las carreteras francesas, lo que contó con un fuerte rechazo por parte de los transportistas de aquel país, obligándole a abandonar dicho proyecto. Por ello, Fenadismer recuerda el compromiso del Gobierno español, suscrito en Julio de 2019, de no implantar ninguna medida recaudatoria por el uso de las carreteras sin el consenso previo con las asociaciones de transportistas.