Entre otras actuaciones, se ha licitado el contrato de servicios de inicio de explotación comercial en líneas de Alta Velocidad, que habilita el proceso de liberalización ferroviaria, donde se ha dado entrada a nuevas empresas dentro del mercado del AVE. Además, se han consolidado las bonificaciones a familias numerosas en el transporte ferroviario, nuevos servicios y más oportunidades de movilidad para los ciudadanos, atendiendo a la perspectiva social.

Además, se ha probado en Consejo de Ministros el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal. Se asegura, de esta forma, la estabilidad de la financiación de este servicio, importante para la vertebración del territorio y, en particular, en las zonas en declive demográfico.

Además, se han mejorado los recursos de los servicios de Salvamento Marítimo, fortaleciendo la estabilidad, el carácter civil y la función exclusiva. Con la autorización de la celebración del contrato de compra pública de tecnología innovadora para el desarrollo de una solución a los retos del proyecto iSAR, que permitirá a Salvamento Marítimo consolidar su posición como organismo de referencia a nivel internacional en los servicios de salvamento y rescate, de lucha contra la contaminación y de seguridad marítima.

Por otro lado, Mitma recuerda que han comenzado las obras de la A-68 entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro y se ha puesto en servicio la nueva variante ferroviaria de Aguadulce, tras la firma del convenio con la Junta de Andalucía para su apertura y, con ello, se han recobrado las conexiones directas de Media Distancia entre Sevilla y Málaga por vía convencional, poniendo fin a los transbordos de los usuarios.

2020
A estos compromisos cumplidos durante los primeros seis meses de 2021, hay que añadir los ya cumplidos a lo largo del año 2020. Se aprobaron medidas para limitar el alquiler turístico a través del RDL 7/2019 y se reguló la suspensión de los lanzamientos y desahucios, así como la moratoria hipotecaria y se acordó la paralización de los desahucios de familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional.

También se elaboró un plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con CCAA y ayuntamientos que impulsasen alquileres sociales.

En los Presupuestos Generales de 2021, se reflejaron 2.250 millones de euros destinados a vivienda y la Agenda Urbana Española, el mayor presupuesto de la historia y que multiplica casi por 5 el presupuesto de 2018.

Además, se reorientó el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación, incorporando al programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Asimismo, en los PGE 21 se prevén 569 millones de euros para política social de vivienda.

En otro orden de cosas, se ha trabajado para incorporar más información al Observatorio de la Vivienda, con la presentación del Sistema Estatal de Índices de Referencia del precio de alquiler de vivienda y se publicó el boletín especial dedicado a la vivienda social.

También se ha reforzado la estructura del ministerio en materia ferroviaria a través del nuevo proceso de liberalización del transporte ferroviario de viajeros y la adaptación al cuarto paquete ferroviario y se ha elaborado una nueva página web de RENFE.

En proceso
Entre los compromisos más relevantes que están en proceso de ejecución se encuentra la movilización de suelo público para vivienda en alquiler social. En este sentido, se ha firmado un protocolo con la SAREB para poner a disposición de las Comunidades Autónomas y las entidades locales 5.000 nuevas viviendas, una cantidad que se ampliará hasta las 10.000 a medio plazo, con el fin de reforzar el parque social de vivienda.

La implementación de programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales. En el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo se ha transmitido a los consejeros de vivienda de las comunidades y ciudades autónomas, que gestionarán 4.450 millones de euros de los fondos europeos para impulsar la rehabilitación de viviendas y actuaciones urbanas.

Próximo semestre
A partir de ahora, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana afronta el próximo semestre los siguientes retos: la aprobación de un proyecto de Ley de vivienda para su presentación a las Cortes Generales y el avance, con la distribución de los fondos europeos, en los programas que fomentarán la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana de los entornos residenciales.