Un mes ha tardado la Diputación de Guipúzcoa en dar su “brazo a torcer” en admitir que no le queda más remedio que paralizar el cobro de los peajes a camiones puestos en marcha en 2018 tanto en la N-1 como en la A-15, tras la sentencia ya firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nulo la norma que lo regula, tras el Auto del Tribunal Supremo de inadmisión del recurso de casación notificado a las partes el pasado mes de Mayo.

Durante todo este tiempo, lejos de reconocer su error, el Gobierno provincial llevado por una arrogancia inaudita e irresponsable, se ha dedicado a verter descalificativos ofensivos hacia el colectivo del transporte por carretera y a confundir a la opinión pública guipuzcoana con su pretensión imposible de mantener vigente el actual sistema simplemente aprobando un Decreto express de prorroga hasta que tramitaran la nueva Norma Foral que han anunciado que pretenden aprobar estableciendo un nuevo sistema de peajes sobre todo el trazado de ambas vías, para lo que necesitarían previamente el visto bueno de la Comisión europea.

Sin embargo, la querella criminal presentada por las asociaciones de transportistas hace una semana ha debido hacer reconsiderar esa actitud “suicida” y de desafío al Estado de Derecho, lo que ha llevado a la Diputación de Guipúzcoa a anunciar este martes su intención de suspender el cobro de los peajes una vez que se publique en próximos días la sentencia en el Boletín Provincial.

FENADISMER valora positivamente que finalmente la Diputación de Guipúzcoa haya reconsiderado su posición inicial, que hubiera supuesto incurrir en una desobediencia judicial
grave, y reitera su ofrecimiento a abrir una mesa de diálogo con el sector del transporte por carretera para negociar la futura implantación de un nuevo sistema.