Como viene reclamando FENADISMER en los últimos años, una de las asignaturas pendientes en el ámbito económico en España es la necesidad de aprobar un régimen sancionador que sancione los incumplimientos en materia de plazos de pago que de forma habitual se producen en el ámbito comercial, especialmente por parte de las grandes empresas, que imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad, basando de este modo su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estas grandes grupos empresariales.

Cabe recordar que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso que el plazo de pago máximo superara los 60 días. Sin embargo, en la práctica la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en dichos plazos, ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de dicha ley. Así, en el sector del transporte por carretera, conforme a los datos extraídos del Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora FENADISMER, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, se evidencia que en torno a dos terceras partes de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad, habiéndose acentuado dicha situación durante la pandemia, como lo demuestra el hecho de que el plazo medio de pago en 2020 se situó en más de 80 días de media.

En este sentido, en base al compromiso asumido con las asociaciones de transportistas el pasado mes de Julio, el Gobierno ha promovido un proyecto de ley de establecimiento de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad específico del sector del transporte por carretera, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Como era de esperar, dicho proyecto iba a contar con la oposición de los pagadores de transporte, es decir, de las empresas cargadoras que a través de su “lobby” de presión han tratado de presionar a diferentes grupos políticos para tratar de “descafeinar” el contenido de dicha ley eliminando su carácter disuasorio.

Así, según ha podido conocer FENADISMER, han sido dos grupos parlamentarios, en concreto el Partit Demócrata de Cataluña y el Partido Popular, los que han presentado un conjunto de enmiendas al texto del proyecto de ley, proponiendo rebajar de forma “escandalosa” el importe de las multas inicialmente recogidas al reducir a sólo una sexta parte las cuantías de las sanciones, e incluso proponiendo demorar su entrada en vigor hasta en 6 meses bajo la excusa de la pandemia.

Pese a ello, FENADISMER confía en que el apoyo del resto de partidos políticos al texto original del proyecto de ley, según han manifestado expresamente a las asociaciones de transportistas, haga decaer dichas enmiendas y, en consecuencia, la ley quedé aprobada y pueda entrar en vigor definitivamente en los próximos meses.