La semana pasada el Ministerio de Sanidad hizo público su documento de “Estrategia de Vacunación Covid-19 en España-Líneas Maestras” en el que define los objetivos que persigue la campaña de vacunación masiva contra el covid-19 que se iniciará a principios de 2021, a fin de reducir la morbilidad y la mortalidad causada por esta enfermedad, protegiendo a los grupos más vulnerables mediante la vacunación frente al coronavirus en un contexto de disponibilidad progresiva de vacunas.

Para ello, la Estrategia establece un orden de prioridad de grupos de población a vacunar, teniendo en cuenta criterios científicos, éticos, legales y económicos, así como la situación de disponibilidad progresiva de dosis de vacunas que vayan llegando a nuestro país, estableciendo diferentes etapas temporales.

En base a la evaluación de estos criterios, la Estrategia define los grupos que van a ser objeto de vacunación prioritaria en la primera etapa, que se desarrollará entre Enero y Marzo, y que incluirá a los siguientes colectivos: residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad, personal sanitario de primera línea, restante personal sanitario y sociosanitario y personas con discapacidad dependientes.

Sin embargo, la Estrategia no define que colectivos van a ser incluidos en la segunda y tercera etapa previstas en la Estrategia, que se desarrollarán en los meses de mayo a junio y en verano respectivamente, limitándose el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, a enunciar como se distribuirá a la población en diferentes grupos, pero sin establecer por ahora los criterios de priorización. Así se definen 15 grupos, en base a criterios de riesgo de mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y transmisión de la enfermedad. Y que lo conforman los siguientes colectivos: mayores de 65 años, personas con condiciones de riesgo, personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados, personas vulnerables por su situación socioeconómica, personas con trabajos esenciales, personal docente, población infantil, adolescentes y jóvenes, las personas que viven en zonas con importantes brotes de coronavirus o de alta incidencia, las mujeres embarazadas o que están en el periodo de lactancia, y, por último, las personas seropositivas de coronavirus.

Por ello, FENADISMER va a solicitar al Ministerio de Sanidad que incluya a los transportistas en el colectivo de trabajadores esenciales como colectivo prioritario, por su mayor exposición a la enfermedad y transmisión, siguiendo en este sentido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en su Documento de Recomendaciones sobre los procesos de vacunación que deben seguir los países, que señala la necesidad de priorizar la vacunación de los trabajadores esenciales de sectores distintos al de la salud, entre los que incluye a los transportistas, junto a los policías, trabajadores de la agricultura y otros trabajadores esenciales para el funcionamiento crítico de la Administración.

Hay que tener en cuenta que, como viene denunciando reiteradamente FENADISMER, gran parte de las empresas titulares de los centros de carga y descarga de las mercancías, así como los operadores logísticos, no han modificado durante esta pandemia su práctica habitual de imponer a los transportistas la realización de las operaciones de carga y descarga de las mercancías en su centros, con el objeto de reducir considerablemente sus costes laborales y logísticos. Ello ha elevado el riesgo de contagiarse al coincidir e interactuar en esos centros con otros trabajadores, obligándoles a hacer uso de equipos de manipulación de cargas (carretillas elevadoras, traspaletas, etc.) que no le son propios y que son manejados sucesivamente por otros trabajadores. A ello se une que por su alta movilidad son potenciales vectores de transmisión del virus por toda la geografía nacional, sin que inexplicablemente durante todo este tiempo las autoridades sanitarias o de transportes hayan establecido limitaciones a dicha situación de riesgo, con honrosas excepciones como es el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla León.