Como se recordará, entre los acuerdos adoptados el pasado mes de Junio en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica promovida en el Congreso de los Diputados para establecer medidas de reactivación del país tras la crisis ocasionada por la covid, una de las medidas incluidas era la aprobar con carácter inmediato un régimen sancionador de lucha contra la morosidad, que corrija las prácticas abusivas en materia de plazos de pago que afectan especialmente a pymes y autónomos. De este modo, se daba respuesta a una histórica reivindicación de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte Fenadismer en representación del sector del transporte, que en los últimos años viene exigiendo el establecimiento de un código sancionador con el objetivo de proteger al pequeño empresario frente a la imposición y abusos de sus pagadores, principalmente empresas y Administraciones Públicas.

En base a dicho compromiso adquirido, el Grupo Parlamentario Plural ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones, cuya toma en consideración tendrá lugar el próximo martes 22 de septiembre

Cabe recordar que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso que el plazo de pago máximo superara los 60 días. Sin embargo, en la práctica la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en dichos plazos, ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de dicha ley. Así, en el sector del transporte por carretera, conforme a los datos extraídos del Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora FENADISMER, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, se evidencia que en torno a un 65% de los clientes de los transportistas incumplen la ley de morosidad, habiéndose situado el plazo medio de pago en 2020 en más de 80 días de media, habiéndose producido un incremento tras la crisis sanitaria.

En este sentido, FENADISMER manifiesta su preocupación porque la tramitación de dicha proposición de ley, que será de aplicación a todos los sectores económicos una vez aprobada, pueda afectar al proyecto normativo en el que trabaja el Ministerio de Transportes, para establecer un régimen sancionador específico para el sector del transporte, en base al compromiso asumido con las asociaciones de transportistas el pasado mes de Julio, y que, junto con otras medidas, supuso la desconvocatoria del Paro Nacional previsto para la última semana de dicho mes.