Las empresas de transporte escolar de la Región de Murcia, sin trabajo desde que se suspendieron las clases el pasado marzo debido a la crisis sanitaria del coronavirus, están atravesando una situación “desesperada” que puede poner en serio riesgo el inicio del curso escolar el próximo mes de septiembre.

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) explicó que las empresas adjudicatarias de la concesión del transporte escolar llevan desde marzo sin cobrar por parte de la Comunidad Autónoma, lo que, sumado a la imposibilidad de prestar servicio desde el cierre de los centros escolares, las ha llevado a una situación “terrible y con un futuro muy oscuro si no se pone una solución”.

En este sentido, apuntó que la liquidación de los días no facturados hasta marzo, que suma entre 1,3 y 1,5 millones de euros aproximadamente, lleva un retraso “inexplicable” por parte de la Consejería de Educación y Cultura.

“No entendemos dónde está el problema, porque la consejería suele ser puntual en los pagos y sabemos que los funcionarios están trabajando con normalidad”, apuntaron desde FROET, recordando que “se trata de un dinero asignado en los presupuestos, por lo que la partida económica está reservada”.

Para la patronal regional del transporte, el abono de esta cuantía supondría un “balón de oxígeno” para el sector, después de unos meses “muy duros” con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) generalizados, empresas paralizadas y con problemas de viabilidad económica.

A su vez, FROET propone a la Administración regional que, al igual que han hecho otras comunidades autónomas, adelante una parte de la cuantía de la indemnización por paralización la actividad, recogida en el real decreto sobre el estado de alarma. Se trataría de hacer una primera estimación que, en una segunda fase, se iría ajustando con cada empresa.

Finalmente, reiteró la necesidad de que la Consejería prorrogue los contratos de transporte escolar para ayudar a las empresas del sector a paliar las cuantiosas pérdidas económicas que ha supuesto el cierre de los colegios, como consecuencia del estado de alarma por Covid-19.

Según FROET, esta medida no supondría ni desembolso, ni mayor coste económico para las arcas de la Comunidad Autónoma. Igualmente, está contemplada en el pliego del concurso y, por lo tanto, no habría problemas legales para ello.