La crisis de las aerolíneas argentinas tendrá como solución más inmediata la entrada del Estado en el mercado.

El proyecto, respaldado por el Gobierno, contó recientemente con la mayoría necesaria para garantizar su aprobación. Sin embargo, se incluyen diversas modificaciones al texto orginal. Entre otras disposiciones, se dispone que el Congreso fije el precio de la compañía. De acuerdo con el borrador, el precio de compra al grupo español Marsans será fijado por el Congreso y el Estado quedrá inhabilitado para volver a transferir en el futuro la mayoría accionarial de la futura firma.

La compañía entró en suspensión de pagos durante el mes de julio, siendo financiada por el Gobierno.

Las principales denuncias sobre el proceso se centran en la falta de precisión sobre el destino del pasivo de la compañía que deja la crisis, estimado en cerca de 606 millones de euros.
Uno de los principales focos de discusión es la necesidad de mantener la contiunidad de los servicios aéreos en el país, ya que muchas de la conexión aérea de muchas de las provincias y ciudades dependen de la compañía.

A su vez, en el debate también entra la necesidad de resguardar los más de 9.000 sitios de trabajo que actualmente dependen de la firma.
Todo apunta a que aún quedan muchos flecos para cerrar un conflicto con muchas implicaciones.