La Federación Europea de Empleados del Transporte (ETF) ha instado al Gobierno español, a AENA y a los controladores aéreos a retomar “el diálogo social” y solucionar la crisis iniciada a principios de diciembre y que paralizó durante 24 horas el espacio aéreo español.

Desde la federación, expresaron su “preocupación” por la crisis de los controladores aéreos españoles y su huelga “ilegal” de principios de diciembre, pero agregaron también que el control militar de los aeropuertos impuesto por el Gobierno español es “inaceptable”.

En un comunicado, la ETF afirma que la entidad “no puede aceptar que la actuación de un sindicado derive en unas medidas tan duras”, como el paro de los días 3 y 4 de diciembre.

La federación instó además al Gobierno español, a AENA y a los controladores aéreos a “regresar al diálogo social fructífero”, una senda que considera que es “la única garantía para una sociedad próspera”.

Sin embargo, para la ETF, la huelga iniciada desde la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) es “el resultado” de un problema pendiente por resolver en el seno de AENA.

“El ‘Estado de Alarma’ decretado por el Gobierno español para garantizar la continuidad del servicio parece difícil de entender desde fuera del país. Esta decisión creará nuevas dificultades para el problema que los agentes sociales han tenido que resolver y les coloca en una situación difícil y delicada a corto y medio plazo. Es evidente que el Gobierno español ha actuado de forma errática y eso tendrá consecuencias negativas para el futuro de la industria del transporte aéreo en España y en Europa”, afirmó el texto de EFT.

Para la federación, que asegura que “no respalda ninguna acción ilegal” en alusión a la huelga, manifestó no obstante que “el uso de la autoridad militar sobre los empleados, obligándoles a trabajar, es inaceptable para la ETF”.

“Asimismo, la ETF considera que trabajar bajo la presión de la supervisión militar puede poner en peligro la seguridad de la aviación civil, pues este enfoque no puede garantizar la fiabilidad del servicio”.

“Los millones de empleados de la ETF y los 250.000 afiliados de la aviación civil no tolerarán ningún intento de usar al ejército en lugar del diálogo social”, afirmó el secretario político de aviación civil de la federación, François Ballestero.

La federación “se opone además con fuerza” a la decisión del Gobierno español de “privatizar parcialmente” las actividades de AENA pues consideran que la gestión del tráfico aéreo es un “servicio de interés general” incompatible con los intereses privados.