“La discriminación con la que el Gobierno de España trata a esta provincia; la escasa influencia que el Gobierno Autonómico tiene en Madrid para defender nuestros derechos y la ausencia en los partidos de la oposición de un planteamiento sólido y único en todo el país demuestra la incapacidad y la falta de voluntad política para alcanzar acuerdos a nivel estatal en beneficio de la ciudadanía”. Así lo ha afirmado el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, tras el cierre para regantes del Trasvase Tajo-Segura en el mes de septiembre y la amenaza del Ministerio de Transición Ecológica de reducir en un cuarenta por ciento su aporte en la nueva planificación hidrológica.

Tal y como se ha insistido desde CEV Alicante en numerosas ocasiones, el trasvase Tajo-Segura es vital para el conjunto de las necesidades hídricas de la provincia de Alicante. En esta provincia hay una demanda hídrica de 1.250 hm3/año y una oferta potencial de 1.031 hm3/año. Esto, unido a que no todos estos recursos están disponibles, provocan que el déficit hídrico llegue a los 493,1 hm3/año.

Para el sostenimiento económico y social de esta región es estratégico el aporte hídrico del trasvase Tajo-Segura. De hecho, hace falta un volumen de 205 hm3/año adicional a los valores medios que se reciben actualmente desde la cabecera del Tajo y, ante la ausencia de alternativas técnica y económicamente viables, sin el trasvase se acelerará el proceso desertificación de esta provincia.

Ante estos datos, el presidente de CEV Alicante ha afirmado que “llevamos años siendo ignorados y si finalmente se consuma esta situación dramática para Alicante, significará que nuestros representantes políticos no son capaces ni de defender nuestros derechos ni de alcanzar un consenso a nivel estatal. Estamos en una situación crítica, como ocurre con la financiación autonómica”.

Empleos
Se estiman en más de 110.000 los empleos directos generados en el territorio afectado por las aguas del trasvase, de los cuales entorno a los 38.000 empleos corresponden a la provincia de Alicante. Siendo ésta una zona muy competitiva y exportadora en el sector de producción y transformación de frutas y hortalizas, el consecuente efecto arrastre de la reducción del trasvase sobre otros sectores relevantes como la logística, la industria química, o los servicios, repercutirá negativamente sobre el conjunto de la economía.

“Desde el tejido empresarial hacemos un llamamiento urgente a que exista un planteamiento técnico y económico riguroso, que nos asegure mantener los puestos de trabajo que hoy dependen del trasvase, porque son muy rápidos para cerrarlo, pero terriblemente lentos para ofrecer alternativas viables”, denuncia Joaquín Pérez.