La economía de la Comunitat Valenciana cerrará el año con un crecimiento por encima del 2%. Esta es la previsión que refleja el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) correspondiente al tercer trimestre de 2023, periodo en el que la economía regional ha avanzado un 0,3% en tasa trimestral y un 1,5% en tasa anual, según estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

A pesar de que este avance es superior a lo esperado a principios de año, significativamente superior al registrado en la zona euro y que coincide con el crecimiento medio de la economía española, el análisis de datos más recientes y las perspectivas trasladadas por las organizaciones sectoriales de la CEV, apuntan a que, en el corto plazo, la economía de la Comunitat continuará ralentizándose, consolidando así la trayectoria iniciada desde principios de año.

Así, el informe señala que el menor crecimiento global afectará a la mayoría de ramas manufactureras; mientras que las ramas de servicios y construcción se verán afectadas por los “todavía elevados niveles de inflación y el encarecimiento de los costes financieros”, que drenarán el consumo y la inversión.

Del mismo modo, el informe alerta de los problemas a los que se están enfrentando las empresas como los elevados costes energéticos, financieros, de materias primas y componentes y a una nueva escalada de los costes laborales; así como a las dificultades para encontrar personal cualificado. Para el 2024, en un entorno de bajadas de tipos de interés, el escenario central apunta a un crecimiento económico positivo, similar al del conjunto de España y por encima de la media de la zona euro, que podría situarse en una horquilla entre el 1,5 y el 1,75%.

Por todo ello, desde la CEV se insiste en la necesidad de generar un clima favorable a la actividad empresarial y la inversión “que favorezca la productividad y la competitividad de nuestra economía”. Del mismo modo, se recomienda que los costes laborales vayan en línea con lo estipulado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que los contratos públicos se indexen y asuman el aumento de costes, y que la presión fiscal se reduzca hasta los niveles medios de los países de la OCDE.