La Comisión Europea tras las investigaciones realizadas a los fabricantes de camiones Man, Iveco, Daf, Volvo, Renault y Daimier, impuso una multa por un importe entorno a los 2.930 millones de euros, por considerar que entre los años 1997 y 2011 alcanzaron acuerdos colusorios sobre la fijación de precios para camiones medios y pesados, así como la fijación de un calendario para la implantación y transmisión de los gastos de las tecnologías de reducción de emisiones exigidas por las normas EURO, considerando tales conductas como una infracción de las normas anti trust de la Unión Europea.