El artículo 1902 del Código Civil impone la necesidad de concurrencia de un comportamiento culposo que deber ser probado; así el Tribunal Supremo viene proclamando recientemente, poniendo coto a una progresiva objetivación de la responsabilidad por culpa, que “La Jurisprudencia no ha llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad con fundamento en el artículo 1902 del Código Civil. Es procedente prescindir de una supuesta objetivación de la responsabilidad civil que no se adecua a los principios que informan su regulación positiva. La jurisprudencia no ha aceptado una inversión de la carga de la prueba, que en realidad envuelve una aplicación del principio de la proximidad o facilidad probatoria o una inducción basada en la evidencia, más que en supuestos de riesgos extraordinarios, daño desproporcionado o falta de colaboración del causante del daño cuando esta especialmente obligado a facilitar la explicación del daño por sus circunstancias profesionales o de otra índole.

En Derecho Marítimo, con independencia del fondo del asunto que sea objeto de debate, una cuestión de fundamental transcendencia es el plazo del ejercicio de la acción de reclamación.

El término CIF de conformidad con los Incoterms significa que en la compraventa internacional, de mercancías se vende la mercancía incluyendo en el precio el coste, el seguro y el flete, asumiendo el comprador los derechos y obligaciones desde que la mercancía se haya cargado en el buque porteador en el puerto de origen.

Traemos a colación un caso real que acaeció en un puerto español en que un cargador reclamo a su aseguradora unos perjuicios sufridos, y por esta se desestimo alegando falta de cobertura por no haberse producido un daño material.

Los plazos para interponer una reclamación judicial en el transporte marítimo, que desde un punto de vista comercial, parece que no tiene importancia, o es de escasa consideración, cuando las negociaciones no llegan a buen puerto, resultan transcendentes para que una acción judicial pueda prosperar o ser desestimada.

Siempre que se produce un evento, o siniestro para determinar si existen responsabilidades hay que acudir a si existió o no fuerza mayor, si se produjo el siniestro de forma fortuita.

La esposa del patrón de una embarcación demanda a Salvamento Marítimo por negligencia en su proceder al no salvar a su marido que falleció en el naufragio de su embarcación.

Cabe exigir responsabilidad patrimonial al Estado por el embargo y venta de un buque la cual posteriormente fue anulada?

La Directiva (UE) de 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 29/4/2015, ha modificado la Directiva 96/53/CE del Consejo , en lo referente a las dimensiones máximas autorizadas en el trafico nacional e internacional, así como respecto a los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional.

El próximo 1 de julio de 2015 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo , que realiza una modificación del Código Penal en muy diversos delitos , pero en lo que a nuestro sector atañe, considero que una de las modificaciones a tener en cuenta es la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Una entidad aseguradora, firmo un contrato de seguro marítimo que cubría riesgos previsto en las condiciones generales que pudieran afectar al casco – y maquinas, aparejos, aparatos de navegación y enseres – de un buque de pesca.

Tal concepto fue una nueva construcción del Tribunal Constitucional pues el Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo de 1980 establecía en su artículo 55.4 que el despido nulo suponía “la readmisión inmediata del trabajador con abono de los dejados de percibir”.

Los hechos son los siguientes. Una mercantil adquiere unas mercancías. Posteriormente con el objetivo de su traslado desde un puerto finlandés hasta el puerto de Doha, Quatar encarga la contratación del transporte a su agentes, quien firma con el agente de la naviera el correspondiente contrato de transporte marítimo. Se acuerda que el transporte se efectuara en un primer barco para la fase de origen a puerto alemán y en un segundo barco, para el transporte entre este y Quatar.

Un particular pacto con una Cia de seguros, un contrato de seguro de una embarcación de recreo que cubría el riesgo de la perdida de la embarcación. En la póliza concertada se establecía que las partes acordaban en someterse a las normas de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguros antes que a las nomas del Código de Comercio.

La vigente Ley de Navegación Marítima, introduce unos cambios realmente importantes desde nuestro punto de vista.