La cuestión que es objeto de debate, deviene de los siguientes hechos, una entidad española compro una partida de pescado congelado en Sudáfrica para su transporte hasta puerto español, donde se debía recibir la mercancía.

Traemos a colación un supuesto en el que una naviera teniendo concedido el servicio de línea regular de cabotaje insular entre puerto español y ciudad del norte de África, tenia la obligatoriedad de realizar un determinado numero de viajes semanales en un buque o sustituto.

A bordo de una embarcación de recreo se produjo un incendio que causo lesiones a la mujer del dueño del barco. Este, tenia suscrita una póliza que cubría los daños a terceros, incluyendo a los que viajaban como pasajeros a bordo. En virtud de tal póliza, la esposa lesionada demando a la cia. de seguros, alegando que aunque la póliza excluyera al cónyuge de la cobertura, para que tal exclusión tuviera efectos, debía ser aceptada y suscrita expresamente por el tomador.

Ante el embargo de un buque de bandera maltesa por el impago de gastos de amarre en el puerto, así como otros servicios portuarios, y los gastos de asistencia y salvamento del barco, se plantea quien ostenta un crédito preferente y pueda obtener el recobro de su crédito frente al otro, tras la venta del barco.

Una reciente Sentencia viene a reseñar que la primera causa de un daño es la que determina la responsabilidad.

En relación con el tema tratado en el anterior articulo ( publicado el día 25/1/11 en Valencia Marítima) relativo a los daños causados por un buque a una grúa en el puerto y a las instalaciones de este, también se planteo otro tema, cual era , si el capitán y en consonancia, el naviero es responsable de los citados daños, o si lo es solo el practico que iba a bordo, o si lo eran los dos, o si no lo era ninguno y tan solo era responsable el remolcador por darle una mayor inercia de la deriva al buque en el momento de la maniobra de atraque.

Se nos plantea la cuestión si al hacer la maniobra de acercamiento de un buque a muelle, por exceso de empuje este golpea con el muelle y grúas ubicadas en el mismo, si tal golpeo puede considerarse como abordaje y aplicarse la normativa propia del abordaje.

En un supuesto en que el vendedor vendió (valga la redundancia) en condiciones CIF unas mercancías y a la llegada a destino, las mismas habían sufrido daños durante el transporte.

Habiendo sufrido daños una mercancía transportada por vía marítima desde una población sita en España a otra en Sudamérica, se pudo comprobar que los daños se habían provocado por el mal trincaje de la carga en el contenedor, y no por culpa del transporte marítimo.

Se nos plantea la cuestión de si las cláusulas de una póliza de fletamento le pueden vincular a un tercero que no intervino en ella, y si tal tercero, receptor de la mercantil, esta obligado al pago de los fletes.

Con ocasión de un transporte de mercancías y debido al defectuoso estado del buque, se preciso un remolque-salvamento. Las aseguradores de la carga abonaron los gastos por el salvamento de la mercancía, y para resarcirse de ellos, a cargo de la fletante y la fletadora, se interpuso demanda. Las aseguradoras reclamaron los gastos abonados en el referido concepto invocando la regla D de las Reglas de York y de Amberes por entender que el salvamento trajo causa de culpa de las demandadas.

Con alguna frecuencia suele suceder que un barco se ve sorprendido por la maniobra de otro buque, quien sin respetar las reglas internacionales va a provocar un abordaje. En tales circunstancias el primer buque para evitar la colisión realiza una maniobra que provoca que aborde a un tercer buque que navega por las mismas aguas. En tal caso el planteamiento es ¿si el buque que provoca una colisión motivada por evitar abordar con otro, es responsable o no?

Ya indicamos en anterior articulo que la Ley 15/10 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establecía que el plazo de pago que debe cumplir el deudor será el de 60 días (días naturales) después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación del servicio.

La lucha contra la morosidad nace legislativamente con la ley 3/04 de 29 de diciembre, estableciendo unos plazos de pago y una fijación de interese elevados, así como el derecho a una indemnización para el perjudicado en el retraso del pago. Sin embargo, tal ley, tuvo un gran obstáculo, plasmado en la propia ley, cual era que los plazos máximos de pago por los servicios prestados estaban condicionados a “salvo pacto entre las partes”, con lo cual perdía toda su eficacia.

Una entidad contrata un seguro para cubrir los riesgos relativos al transporte de una mercancía desde su salida de fábrica. La póliza concertada, establecía que se efectuase controles de carga en el puerto de origen y de descarga en el puerto de destino sin especificarse en que consistían tales controles, ni quien debía realizarlos.