Las empresas de calzado de la Comunitat Valenciana han analizado el impacto de la reforma laboral dentro del sector en el transcurso de un seminario online, que ha sido organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y por PwC Tax and Legal. Durante la sesión de trabajo se profundizó en las claves del nuevo cambio legislativo adoptado por el Gobierno en materia laboral y sus efectos en la industria del calzado, una industria que se ha visto especialmente afectada por la pandemia y que ahora empezaba a recuperarse.

La aprobación de la reforma del mercado laboral ha introducido una serie de cambios, que serán de aplicación en su totalidad a partir del 30 de marzo, por lo que las empresas deberán adaptarse al nuevo marco de contratación establecido antes de que finalice este plazo.

La presidenta de Avecal, Marián Cano, ha recordado que “las patronales hemos estado pendientes de esta reforma desde que se anunció, por ello hemos querido organizar un webinar centrado en el calzado que permita aclarar las posibles dudas que tengan las empresas de nuestro sector”. Igualmente ha agradecido la colaboración y el asesoramiento de PwC en este encuentro.

Entre los objetivos fundamentales que busca la reforma, según enumeró la abogada de PwC Tax and Legal, Paula Payá, se encuentran la simplificación de los contratos, la modernización de la negociación colectiva, la modernización de la contratación y subcontratación de las actividades empresariales, así como el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad en el empleo. En relación con los contratos temporales, ha hablado de la desaparición del contrato por obra o servicio determinado.

En este sentido, Payá incidió en “las circunstancias de la producción y la primacía que pretende aplicar la reforma laboral del contrato indefinido” a través de la potenciación de los contratos fijos-discontinuos. Según ha señalado la jurista, todo ello “obligará previsiblemente a las empresas a replantear su política de contratación”.

El abogado de PwC Tax and Legal, Luis Ángel Garrido, ha revisado la nueva obligación en materia de subcontratación que implica que “el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas debe ser el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata”.

Garrido también habló del endurecimiento del régimen sancionador que se ha producido a raíz de la reforma. Así, este jurista ha aclarado que se ha generado “un aumento del importe de las sanciones y del nuevo modelo, que considera una infracción por cada uno de los trabajadores afectados y no, como hasta ahora, de una infracción por empresa”.