El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera, ha mantenido hoy una reunión telemática con los diputados del PSOE-PSPV, Alejandro Soler y Lázaro Azorín y el senador José Asensi para analizar la situación de la economía de la provincia de Alicante y las necesarias ayudas para la reconstrucción del tejido empresarial tras la pandemia. La reunión ha sido muy fructífera y las propuestas de la Cámara han sido recibidas favorablemente por los parlamentarios, que se encargarán de transmitirlas al Gobierno.

PSOE y Cámara han coincidido en que las ayudas directas y la moratoria en pago de impuestos y tasas debe llevarse a cabo con agilidad, evitando las tramitaciones farragosas que muchas veces retraen a los empresarios a la hora de solicitarlas. Del mismo modo Juan Riera ha pedido que se ponga en marcha, cuando la situación mejore, un Plan Estatal para reconstruir el sector turístico en España a través de la Marca España como Destino Seguro y el reforzamiento del programa IMSERSO, enfocado a la recuperación del sector.

El presidente de la Cámara ha expuesto también el ambicioso programa de la institución para reunir a los diversos agentes económicos y administraciones implicadas, en un Plan de promoción exterior para atraer empresas tecnológicas a la provincia de Alicante, de tal forma que la provincia se consolide a la vanguardia de la digitalización y las nuevas tecnologías como Big Data o Inteligencia Artificial.

Otro de los temas planteados por Riera ha sido suscribir por parte de la Cámara la petición de los promotores inmobiliarios liderados por Provia para que se derogue una ley obsoleta (La Ley 8/1975 de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional) que dificulta la venta de viviendas a británicos y no comunitarios en el sur de la provincia y que afecta a las viviendas ubicadas en Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas por estar en el radio de acción de la Base Naval de Cartagena.

La citada Ley establece que cuando un nacional de un Estado no miembro de la UE pretenda comprar un inmueble situado en zona de interés para la defensa nacional deberá solicitar, previamente al otorgamiento e inscripción de la escritura pública, una autorización militar, trámite que en la actualidad se demora entre cuatro y seis meses. Esta burocracia no solo genera frustración sino también una enorme dificultad en la viabilidad económica y perfección de la compraventa. Este tema va a ser estudiado por los parlamentarios del PSOE, que consideran que un reglamento tan obsoleto no debe poner en peligro el mercado inmobiliario.

El presidente de la Cámara ha puesto la institución a disposición de las Administraciones para asegurarse el buen fin de las ayudas europeas aprovechando la capilaridad de las Cámaras españolas. Se han tratado muchos otros temas que han quedado pendientes de ser desarrollados en próximas reuniones, que tendrán lugar periódicamente.