El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha manifestado hoy en València, tras la firma del acuerdo “Alcem-nos” para la Recuperación de la Comunidad Valenciana, que “estaremos vigilantes para que se cumplan las propuestas recogidas en este documento”, por lo que ha reclamado un “compromiso real” de todas las administraciones implicadas.

“Participación, cesión, compromiso y vigilancia” han sido los cuatro conceptos utilizados por Mazón para definir un pacto que ha sido suscrito por la Generalitat, las tres diputaciones, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), los ayuntamientos de Alicante, Valencia, Castellón, Elche y Montanejos y la Mancomunidad de la Ribera Alta.

El dirigente alicantino ha destacado, por un lado, la participación como uno de los principios rectores de este acuerdo. “Ha sido un proceso participativo con mayúscula”, ha indicado Mazón, quien ha querido poner en valor el trabajo que, en este sentido, también se ha desarrollado en el seno de las propias diputaciones.

“Los presidentes de las tres diputaciones hemos establecido un nuevo sistema de participación, no solo con el resto de administraciones, sino dentro de nuestra propia entidad ya que es la primera vez que en un proceso de estas dimensiones, los compañeros de los distintos grupos políticos, fueran del gobierno o de la oposición, han venido a representar a la institución en nombre de todos”, ha indicado.

Por otro lado, también ha agradecido la flexibilidad y el esfuerzo realizado por todos los participantes en la mesa institucional para alcanzar un acuerdo. “Si no hubiera habido cesión por parte de todos tampoco estaríamos hoy aquí. Venimos de distintas fuerzas políticas y con distintas prioridades y, sin embargo, hoy hemos suscrito este acuerdo porque todos hemos cedido”, ha resaltado.

En este punto, el presidente ha citado algunas de las medidas que se han incorporado finalmente al documento a instancias de la Diputación de Alicante como la defensa de los trasvases Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura o la mejora de la atención al sector pesquero. En este punto ha manifestado que “esa cesión por parte de todos demuestra que, aunque el documento no es cien por cien perfecto para ninguno de los que estamos aquí, todos hemos sido capaces de priorizar y ceder con el objetivo de llegar a un acuerdo”.

Una vez alcanzado el consenso, Mazón ha señalado que es momento del “compromiso y de la vigilancia” porque “hoy no hemos recuperado ni reconstruido nada, sino que, con esta firma, nos hemos conminado a ponernos en marcha en base a una hoja de ruta que nos permita avanzar”.

Además, ha añadido, “desde la Diputación de Alicante vamos a estar vigilantes, pero también vamos a ser vigilados”. “Esto no es un canto a la alegría desde el punto de vista presupuestario, sino a la priorización en una realidad muy complicada donde el aspecto sanitario sigue siendo lo más importante”, ha indicado. En este sentido, ha incidido en la necesidad de “buscar el equilibrio entre la realidad sanitaria y la realidad de la recuperación económica”.

Finalmente, el presidente ha solicitado, en consonancia con el resto de representantes institucionales, que se mantenga en un futuro la mesa de cooperación institucional “para vigilar, implementar o incorporar nuevas medidas”.

Aportaciones de la Diputación de Alicante

El Acuerdo para la Reconstrucción de la Comunitat Valenciana ha incluido cuestiones que para la provincia eran “irrenunciables” y que así fueron planteadas por el propio presidente de la Diputación de Alicante. Entre ellas, la defensa de la continuidad del trasvase Tajo-Segura y la finalización de las obras sin ejecutar del trasvase Júcar-Vinalopó.

Asimismo, el documento suscrito hoy incorpora otras propuestas formuladas desde la institución alicantina como la modernización de las explotaciones agrarias a través de ayudas económicas de las diferentes administraciones o la mejora de la participación ciudadana y la comunicación con la administración, facilitando el uso de las TIC a colectivos vulnerables y analógicos.

El pacto también incluye, a instancias del dirigente alicantino, que la aplicación de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración para la ampliación del parque público de vivienda se llevará a cabo “siempre sujetos a la legislación vigente”.