El proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que fue aprobado por Consejo de Ministros de 13 de Octubre de 2020 y remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación en el seno de la Comisión de Hacienda, en una serie de artículos incrementaba la responsabilidad de los Representantes Aduaneros en tal medida que ponía en grave riesgo su actividad y supervivencia.

El pasado 17 de septiembre se proclamó la Junta Directiva de la Asociación de Consignatarios de Barcelona, cuya composición designada ayer para los próximos cuatro años. La composición es Jordi Trius (Marítima del Mediterráneo) como presidente, Albert Oñate (Cosco) como vicepresidente primero, Albert Pallarés (Universal) como vicepresidente segundo, y Mª Carmen Murillo (Agunsa como tesorera.

La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en sus artículos 37 y 38 establece la obligación de acudir a las Juntas Arbitrales de Transporte para dilucidar aquellas cuestiones que se puedan ocasionar en relación con el transporte terrestre nacional, cuando la cuantía de la reclamación no exceda de 15.000 €.

No vamos a profundizar en esta exposición sobre la normativa íntegra del Texto refundido de la Ley Concursal aprobada por el RDL 1/2020 de 5 de mayo, ya que consta de 752 artículos.

Sedigas, la Asociación Española del Gas, espera la adaptación de la actual Ley de Puertos al nuevo Reglamento Europeo, así como una adecuada regulación del bunkering de gas natural licuado que refuerce la apuesta de este nuevo servicio portuario.

Debido a los riesgos en la navegación por diferencia entre pesos declarados y pesos reales de las mercancías cargadas en los buques, se adoptaron Enmiendas al Convenio SOLAS, entre los cuales destacan las Resoluciones MSC380, que entra en vigor el 1/7/2016 que establece la obligación al expedidor de verificar la masa bruta de los contenedores a exportar, facilitándosele al capitán o su representante, así como al representante de la terminal, con antelación suficiente para elaborar el plano de estiba.

El Convenio de Varsovia de 12 de octubre de 1929, procedió a la Unificación de ciertas Reglas relativas al transporte aéreo internacional.

La obligación de motivar las sentencias que el artículo 120.3 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, puesta en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva protegida por el artículo 24.1 de la propia CE, conduce a integrar en el contenido de esta garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales y, por tanto, el enlace de las mismas con la Ley y el sistema general de fuentes, de la cual son aplicación, igualmente necesario contrastar su razonabilidad a los efectos de ejercitar los recursos judiciales que procedan y, en ultimo termino a oponerse a decisiones arbitrarias que resulten lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución Española (STC 14/1991, de 28 de enero).

El seguro de transporte es un seguro de daños al que le son aplicables los artículos 54 a 62 de la Ley del Contrato de Seguro pero también los generales para todos los seguros de daños (artículos 25 a 44). En los seguros de daños la culpa del asegurado no es causa de exoneración del pago de la indemnización. Solo cuando el siniestro se cause por mala fe del asegurado será aplicable como norma general el articulo 19 según el cual el asegurador estará obligado al pago de la prestación salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado.

Es habitual que en los procedimientos de inspección incoados por la AEAT al contribuyente dicho organismo de forma paralela o simultánea inicie contra el obligado tributario un procedimiento sancionador derivado de la presunta infracción.

Los Incoterms, como todos bien sabemos, son las Reglas oficiales de la Cámara de Comercio Internacional, para la interpretación de los términos comerciales que se utilizan en las compraventas internacionales.

Los créditos concursales (artículo 84.1 de la LC) son aquellos que, ostentándolos quienes fueran acreedores de un deudor común al tiempo de ser éste declarado en concurso, resultan integrados en la masa pasiva del mismo (artículo 49 de la LC) después de haber seguido las reglas concursales que disciplinan su comunicación (artículo 85 de la LC), reconocimiento (artículo 86 y 87 de la LC) y clasificación (artículos 89 a 92 de la LC), y que quedan sujetos al principio de la par condicio creditorum (trato equitativo), que significa que su satisfacción, en la medida de lo posible, conforme a las reglas de preferencia y con criterios de proporcionalidad, queda a resultas de la solución final del concurso (convenio o liquidación).

Si bien es cierto que conforme al incoterm CIF, en la relación contractual entre comprador y vendedor quien corre con los riesgos del transporte es el comprador, es asimismo cierto que los incoterm no disciplinan las obligaciones entre las partes del contrato de transporte, ni, tampoco, regulan todas las obligaciones surgidas del contrato de compraventa. El régimen de las responsabilidades y obligaciones del porteador y cargador no se ve afectado por el pacto CIF referido a la compraventa. La existencia de una venta marítima con entrega indirecta de las mercancías y de un contrato de transporte marítimo de las mercancías no enturbia la delimitación jurídica de las partes contractuales de cada uno de los distintos negocios jurídicos y, por ende, de sus obligaciones y responsabilidades, Los vínculos consustanciales fácticos existentes entre la compraventa y el transporte no afectan a la autonomía jurídica de cada contrato.

Todos hemos podido escuchar en los últimos días el caso de Vicent Lambert, el enfermero francés que lleva 11 años tetrapléjico y en estado vegetativo, y la lucha encarnizada que ha enfrentado ante los tribunales a su esposa (también enfermera) y a sus padres. Lucha que se ha trasladado a la calle y que ha desencadenado un debate popular sobre el derecho a decidir sobre cómo escribir el último capítulo de nuestra historia.

Desgraciadamente sigue existiendo la falsa creencia de que testar esta aparejado a un augurio de muerte o que sólo aquellos que disponen de un amplio patrimonio deben otorgar testamento. Sin embargo, testar es un acto de responsabilidad, el cual todos y cada uno deberíamos ejercitar al superar la mayoría de edad, momento en el que se posee la capacidad jurídica suficiente para poder disponer de nuestros bienes y otorgar últimas voluntades.