Con decepción ha recibido FENADISMER el pacto alcanzado este martes en el Congreso de los Diputados entre los diferentes Grupos Parlamentarios por el que introducen una enmienda transaccional al texto del proyecto de ley presentado en su día por el Gobierno, rebajando de forma sustancial el importe de las multas inicialmente recogidas en el proyecto de ley de establecimiento de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera, que fue remitido en su día por el Gobierno a las Cortes Generales en base al texto consensuado con las asociaciones del sector.

Ante todo, debe quedar claro que el objetivo que persigue el sector del transporte por carretera con la aprobación de esta ley no es precisamente “inundar” de multas por el incumplimiento de los plazos máximos legales de pago, sino que precisamente por el importe de las mismas tenga el carácter disuasorio necesario que desincentive de forma efectiva a los intermediarios y cargadores de transporte cometer estas malas prácticas. En este sentido, cabe recordar que conforme a los datos obtenidos por el Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora FENADISMER, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, se evidencia que en torno a dos terceras partes de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad, habiéndose acentuado dicha situación durante la pandemia, como lo demuestra el hecho de que el plazo medio de pago en 2020 se situó en más de 80 días de media

Sin embargo, durante la ponencia de tramitación del proyecto de ley en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, en base a las enmiendas presentadas en su día por PP y PDCat y de las que ya informó FENADISMER en su día, han servido de fundamento para que se haya alcanzado un acuerdo de los diferentes Grupos Parlamentarios, incluidos el PSOE y Podemos que sustentan al Gobierno, para rebajar tanto la graduación de las sanciones como el importe de las multas que recogía el proyecto inicial, lo que resulta sorprendente teniendo en cuenta el acuerdo suscrito en su día entre el Gobierno y las asociaciones de transportistas.

Así, a diferencia del texto original que preveía un único tipo infractor y en consecuencia una única sanción muy grave, la enmienda aprobada prevé dos tipos sancionadores distintos en función el precio del transporte facturado, de tal modo que cuando no supere el importe de 3000 euros, la infracción lamentablemente no se considerará muy grave, reduciendo en consecuencia la cuantía de la multa en algunos casos a más de la mitad de la cuantía inicialmente propuesta.

En todo caso, FENADISMER valora positivamente que el sector del transporte por carretera sea pionero en contar con un régimen sancionador de lucha contra la morosidad que es practicada especialmente por parte de las grandes empresas, que imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad, basando de este modo su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estas grandes grupos empresariales.

Así, una vez aprobado este martes el texto legal con las enmiendas introducidas en la Comisión de Transportes del Congreso, al tener competencia legislativa plena, el proyecto de ley pasa directamente al Senado para su tramitación y aprobación final, por lo que se espera que la nueva ley sea una realidad en las próximas semanas.