El último informe de Crédito y Caución analiza la situación actual de Argentina que afronta el profundo deterioro de su economía junto al noveno incumplimiento del pago de su deuda soberana. Argentina ya enfrentaba a importantes problemas económicos antes de la pandemia de coronavirus. El país ha estado en recesión desde 2018 con una inflación superior al 50%, un desempleo por encima del 10% y una tasa de pobreza que afecta a más de un tercio de la población. Las medidas de distanciamiento social y confinamiento derivadas del brote de coronavirus han empeorado la situación con un impacto negativo en todas las industrias, excepto la agrícola y la alimentaria.

Se prevé que el PIB se contraiga un 8,8% en 2020 y se recupere sólo parcialmente el año próximo. Exportaciones, consumo privado y producción industrial se contraerán más del 10% este año. El descenso de las inversiones será aún más intenso, alcanzando el 18%. La estructura de la economía argentina la hace extremadamente vulnerable a los shocks externos debido a su alta dependencia de las exportaciones agrícolas, que representan más del 50%, sus altas necesidades de financiación externa y el largo historial de incumplimiento de la deuda.

Para limitar el impacto económico, el Gobierno ha anunciado medidas fiscales por valor del 3,5% del PIB para proteger a los sectores más vulnerables de la población. La deuda pública argentina ha aumentado del 56% del PIB en 2017 hasta representar casi el 90% en 2019 debido a la contracción de la economía y a la depreciación de la moneda. El pago de la deuda, financiada en un 78% en moneda extranjera y en un 49% por no residentes, se ha vuelto insostenible en una economía en contracción, con una moneda en depreciación y una pobreza en aumento.

El acceso de Argentina a los mercados internacionales de capital se ha agotado. La falta de acuerdo de reestructuración con los tenedores de bonos internacionales llevó a Argentina en mayo a incumplir sus compromisos de pago, lo que supuso su noveno incumplimiento desde 1816. Los inversores no emprenderán acciones legales de forma inmediata, siempre que las negociaciones con la Administración argentina estén en marcha. El plazo para la reestructuración de la deuda se ha ampliado varias veces, actualmente hasta el 24 de julio.

Aunque parece que la voluntad de ambas partes es llegar a un acuerdo, Crédito y Caución no descarta un incumplimiento desordenado que afectaría a bonos por valor de 65.000 millones de dólares.