El Consejo de Ministros del pasado viernes analizaba un informe de la ministra de Fomento sobre el Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, que consolida el rigor en la planificación y construcción de nuevas infraestructuras, y propicia la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad mediante la mejora de la calidad y el aumento de la oferta.

Ana Pastor, Soraya Sánez de Santamaría y Rafael Catalá, duramte la comparecencia posterior al Consejo de Ministros

Esta Ley supone un nuevo marco jurídico completo aplicable al sector ferroviario. La normativa vigente desde 2003 ha sido objeto de varias modificaciones en los últimos meses para acometer importantes reformas estructurales. Entre ellas, destacan la integración de Feve en Renfe y ADIF; la división en Renfe en cuatro sociedades; el paquete normativo que ha permitido iniciar la liberalización de los servicios de transporte de viajeros y la reorganización de ADIF y la creación de ADIF Alta Velocidad.

Además, se hacía necesario trasponer al ordenamiento jurídico español una Directiva del 21 de noviembre de 2012 por la que se establece un espacio ferroviario europeo único.

Fomento se establece un nuevo sistema de cánones con el objetivo de incrementar el uso de la red de ferrocarriles española. Entre otras novedades, destaca la supresión del canon anual de acceso a la red y la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.

Junto a ello, se incluyen nuevas medidas para mejorar la competitividad del transporte
ferroviario de mercancías. Por un lado, se establecen una serie de medidas liberalizadoras de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas, que supondrán una reducción de costes, que se suma a la imposición de nuevas condiciones de transparencia para
la actuación de los administradores de infraestructuras.

El Ministerio de Fomento, además, apuesta por la simplificación del régimen tarifario y de las autorizaciones necesarias tanto para el acceso al mercado como para el desempeño de la actividad. También se elimina el canon de acceso, lo que supone eliminar una barrera a la entrada. Además, desde el Departamento de Ana Pastor se impulsa el papel de los puertos como administradores de las infraestructuras ferroviarias dentro de su dominio público.

Viajeros
En materia de transporte de viajeros se imponen a los operadores condiciones para garantizar un funcionamiento transparente del mercado, como son la obligación de aportar al Ministerio de Fomento información estadística y contable o la obligación de llevar cuentas separadas entre las actividades de mercancías y viajeros, y dentro de los de viajeros, entre los servicios comerciales y los servicios declarados de obligaciones de servicio público.

Además, se establece que las empresas deben contar con un plan de asistencia a víctimas y se recogen los derechos de las víctimas de accidentes.

Por otra parte, el texto incluye un nuevo título específico dedicado a seguridad ferroviaria, que no existe en la Ley vigente, y se adapta su contenido a la creación de la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria que será independiente y no podrá encomendar funciones de los administradores de infraestructuras, empresas ferroviarias o entidad adjudicadora, dotándola de mecanismos propios de financiación, con objeto de reforzar su independencia.

Por último, se plantea un régimen sancionador más proporcional, reforzando las sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad.

A partir de ahora, se va a iniciar un trámite de audiencia pública a todos los actores del sector (empresas ferroviarias, asociaciones, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), con objeto de asegurar el mayor consenso posible. Tras el análisis de todas las alegaciones recibidas, se elaborará un nuevo texto que se remitirá al Consejo de Estado y, a continuación, se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación como Proyecto de Ley y su remisión al Congreso.