La Sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que daba la razón a la Comisión Europea, supone la modificación de la Ley de Puertos y un cambio radical en el funcionamiento de la estiba en los puertos españoles.

El Tribunal conviene fundamentalmente dos líneas a seguir, por un lado, que las propias empresas estibadoras gestionen las oficinas de empleo formando a los trabajadores, para que no lo hagan las hasta el momento Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP), y además, que sean las empresas privadas las que gestionen como agencias de empleo temporal a los trabajadores.

Después de más de un mes desde la publicación de la referida Sentencia, la situación refleja un descontento generalizado.

Por un lado, los trabajadores portuarios, conscientes de la problemática que supone la aplicación práctica de la resolución, han unido fuerzas con otros países que prácticamente se encuentran (Bélgica) o han encontrado en la misma tesitura (como Portugal) o que, probablemente lo estén en breve (Chipre, por ejemplo), para manifestar las consecuencias negativas de la ejecución del pronunciamiento para los estibadores y sus familias.

A nivel europeo, la estiba afirma generalizadamente que se ha producido una grave agresión país por país, sin estabalecer una normativa conjunta, por lo que en las reuniones que se han llevado a cabo esta semana en Barcelona con organizaciones internacionales, han reivindicado su conjunción y lucha, también han anunciado la posibilidad de emplear medidas de presión internacional si fuera menester.

Por su parte, los sindicatos muestran su descontento con el parecer del Tribunal y defienden los beneficios de las SAGEP y la importancia de su mantenimiento, asimismo, entienden que la Comisión Europea pretende politizar el modelo actual, prescindiendo del consenso social y el diálogo. Por esto, han solicitado audiencia con el Presidente de Puertos del Estado, con el objeto de dialogar y estudiar el punto en el que se encuentra la situación a las puertas de la reforma legislativa y también para determinar la estrategia a seguir.

No obstante, el plazo límite para presentar un nuevo texto a la Comisión Europea (encargada de interpretar la Sentencia) que se ajuste al fallo del TJUE, es de dos meses, finalizando el próximo 11 de febrero.

Actualmente, Puertos del Estado espera la respuesta del Ministerio de Fomento, después de transmitirle su propuesta de reforma, cuya articulación se viabilizará mediante Real Decreto. Una vez que sea aceptada por parte de Bruselas, el siguiente paso será presentar el texto a la patronal y a los sindicatos para escuchar sus opiniones.

Por el momento, queda esperar a que espire la fecha límite y Bruselas manifieste su parecer. Lo que es indiscutible es que la lucha del colectivo continúa para que la reforma del sistema de funcionamiento actual de la estiba, perjudique mínimamente tanto a los trabajadores como a todo el entramado portuario que hasta el momento tienen un sistema que funciona y cuyo futuro es incierto.

Paola Tellols
Abogada Colegiado 3.086 ICACS