En relación a la noticia publicada en distintos medios de comunicación acerca del resultado del informe de la Inspección General de la Administración General del Estado, elaborado a su vez a instancias del Juzgado de Instrucción nº 14 de Valencia, desde el Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Valencia queremos trasladar un mensaje claro a la ciudadanía:

1º-. La Autoridad Portuaria de Valencia es una entidad pública, y sus trabajadores y trabajadoras no son lo mismo que la Fundación Valenciaport.

2º-. La Autoridad Portuaria de Valencia es un organismo público perteneciente al Sistema Público Portuario de Titularidad Estatal, que genera recursos propios para la autofinanciación y autosuficiencia de gestión, su personal son empleados y empleadas públicos sometidos a unas pruebas de acceso público mediante oposición y al control periódico de la Inspección General de la Administración General del Estado y todo lo relacionado con la masa salarial, salarios y condiciones laborales, sometidos a la autorización de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR, perteneciente al Ministerio de Hacienda).

3º-. Como la ciudadanía conoce, el sector público ha sufrido y sigue padeciendo recortes y congelaciones salariales y de derechos, y sobre todo la negación de oferta pública de empleo.

El colectivo de trabajadores y trabajadoras de esta Autoridad Portuaria no ha sido ajeno a esto, si no más bien, diana de estos recortes, tanto salariales como de plantilla.

4º-. Los datos de las remuneraciones estratosféricas, publicados por los medios de comunicación, respecto a determinados empleados de la Fundación Valenciaport lo definimos como tal, ajenos a la realidad, sin ninguna equiparación al régimen de salarios del conjunto de trabajadores/as, ni de gestores o personal de confianza pertenecientes a la Autoridad Portuaria y en definitiva como un insulto, una falta de respeto a la sensatez, teniendo en cuenta la realidad generalizada en la que nos encontramos.

5º-. La actividad de la Fundación Valenciaport dio comienzo en el año 2003, con carácter general los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria desconocemos la actividad concreta de esta fundación, más allá de la actividad formativa que ésta desarrolla. Siempre hemos combatido y planteado qué funciones y servicios deberían ser desarrollados en régimen de prestación directa por parte de la Autoridad Portuaria, y no a través de la citada Fundación.

6º-. Los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria de Valencia que gestionan los recintos portuarios de Valencia, Sagunto y Gandía siguen trabajando día a día a pesar del lamentable contexto en el que nos encontramos, con más compromiso que nunca. Este compromiso no es otro que el de servicio público, el de seguir prestando todos aquellos servicios que propicien la actividad portuaria en condiciones de calidad y seguridad para todos los usuarios, siendo conscientes que los puertos de Valencia son claves para el desarrollo económico, tan necesario, tanto de la propia Comunidad Valenciana, como para el resto del Estado.

7º-. Seguiremos reclamando en todos los foros que se reconozca la profesionalidad del
conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esta Autoridad Portuaria y seguiremos defendiendo su dignidad y con ello sus condiciones laborales.

8º-. No somos lo mismo, ni nos parecemos, así que aspiramos a que el futuro de la Fundación Valenciaport sea su autofinanciación, de forma gradual y sostenida en el tiempo, y el de la Autoridad Portuaria tendrá que pasar por seguir liderando la actividad portuaria, si cabe con más protagonismo de su propia plantilla, recordando que seguimos dando beneficios tanto desde esta Autoridad Portuaria como desde el Sistema Público Portuario de Titularidad Estatal.

Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Valencia