En relación a las últimas adjudicaciones del Ministerio de Fomento, entre las que figuran entre otras los accesos viarios al puerto de Barcelona, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) denuncia, una vez más, la nula respuesta de la Administración Central a las necesidades y demandas que en materia de infraestructuras y conectividad se plantean desde Valencia para garantizar el futuro del Puerto de Valencia.

La CEV asiste “con perplejidad” a la positiva respuesta de la Administración Central para resolver las reclamaciones de otras regiones del país”. Entre ellas, figuran, además de la referida adjudicación de los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona (más de 100 millones de euros), los nuevos accesos viarios al puerto de Barcelona (más de 200 millones de euros); la llegada del ancho internacional a Tarragona; la licitación del acceso sur al puerto de Algeciras (38,5 millones de euros) o el anuncio del presidente de Puertos del Estado de una inversión de 835 millones de euros para la mejora de la conexión ferroviaria entre Madrid y Algeciras.

Los empresarios valencianos consideran que la no inclusión de las demandas reclamadas por Valencia en este volumen tan elevado de inversiones anunciadas en otros puntos de España sitúa al puerto de Valencia en posición de desventaja y con él a todo el tejido empresarial valenciano.

En opinión de la CEV, el puerto de Valencia, pese a su contrastado valor para el comercio exterior español y su privilegiada situación geográfica, se ve afectado por decisiones que consideran de índole política y contra natura al entender que el Puerto de Valencia es por su situación geográfica y su volumen la puerta del Mediterráneo para el comercio con la península.

Conexión ferroviaria
Asimismo, los empresarios lamentan la falta de consideración del Ministerio al valor vertebrador de algunas de las infraestructuras que se reclaman desde Valencia como es la conexión ferroviaria Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza que une dos puertos de interés general como son el de Bilbao y el de Valencia.

Los empresarios valencianos, por tanto, denuncian este trato discriminatorio por parte del Ministerio que con sus adjudicaciones beneficia a puertos que compiten directamente con el valenciano. Al respecto cabe recordar que la rentabilidad de la inversión pública en infraestructuras ejecutadas en la Comunitat Valenciana es superior a la alcanzada en otras comunidades autónomas que han sido mucho más beneficiadas en la asignación de recursos presupuestarios con este fin.

Según la CEV, el informe de los expertos encargado por el Ministerio de Hacienda pone en evidencia que la Comunitat Valenciana es la peor tratada por el actual sistema de financiación.

Existen diferencias muy notables y muy difíciles de justificar entre unas regiones y otras en materia de financiación regional. Por añadidura la Comunitat Valenciana es la única de las cuatro infrafinanciadas cuya renta per cápita es inferior a la media nacional, lo que supone un agravio comparativo al injusto trato que nos confiere el actual sistema de financiación. Como revela la balanza fiscal, esta infrafinanciación supone que cada valenciano aporta al sistema 394 euros más de lo que recibe y con ello financia al resto de las comunidades autónomas.

La reforma del modelo de financiación es una reivindicación que comparte toda la sociedad valenciana y que no podemos dejar de exigir, cada uno desde su ámbito de actuación, ya sea político, económico, académico o empresarial. Y debemos defenderlo aquí y debemos defenderlo también en Madrid, no queda margen ni en tiempo ni en espacio para el juego político, porque no se trata de un asunto menor: esos euros que cada valenciano percibe de menos – o aporta de más - representan más de 2.000 millones de euros menos al año para la Comunitat.

Recursos
La Comunitat necesita una financiación que la sitúe en la media de lo que reciben el conjunto de las comunidades. Solo de este modo se podrán atender las prioridades básicas (sanidad, educación y asistencia social) y contar con los recursos suficientes para la atención de los gastos relacionados con el resto de las competencias y servicios públicos, así como para acometer aquellas inversiones que permitan mejorar la competitividad y sentar las bases de un crecimiento económico sólido, sostenible y generador de puestos de trabajo.