La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), ha denunciado la nueva ley que se ha aprobado en Francia, que “criminaliza a los empresarios por permitir que sus conductores realicen el descanso semanal en sus camiones”, según la patronal.

ASTIC denuncia la situación de los transportistas españoles en Francia

A través de un comunicado, ASTIC afirma que esta nueva norma multará con 30.000 euros y un año de cárcel a aquellos empresarios que no faciliten a sus trabajadores un lugar distinto a su camión para realizar el descanso semanal de 45 horas. Además, el texto incluye otra penalización igual para las empresas que basen la remuneración del conductor en función del volumen de mercancías transportadas o por la distancia recorrida.

Para la asociación, esta norma supone un “ataque directo” a la rentabilidad del sector del transporte internacional por carretera, ya que “deja ociosas importantes inversiones realizadas en los vehículos precisamente enfocadas al mayor confort de los conductores, también en sus horas de descanso, obligará a gastos adicionales de alojamiento, entorpecerá el normal desarrollo de las rutas al no disponerse de suficientes lugares habilitados a lo largo de las carreteras para parada de camiones y descanso de sus conductores, etc”.

ASTIC ha hecho saber su preocupación y su protesta sobre cómo los diferentes miembros de la Unión Europea legislan sin tener en cuenta al resto de estados miembro. Es el caso de la tasa para camiones extranjeros que ya funciona en Reino Unido y que pretende imponer también Alemania, o esta nueva legislación de Francia, aprobada hace unas semanas en términos similares también en Bélgica.

Para Marcos Basante, presidente de ASTIC, “este tipo de normas proteccionistas no hacen más que atacar a la unidad de mercado y la libre competencia europeas, algo fundamental si se quiere tener realmente una unión comercial en Europa”. “Desde ASTIC vamos a seguir denunciando este tipo de legislación ante las instancias europeas, ya hemos expresado nuestra preocupación a la IRU, y ante las autoridades españolas que, al fin y al cabo, son las que deben velar por los intereses nuestros transportistas”, señala Basante.