El gobierno ha presentado dos Programas, el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, ambos han sido aprobados el día 30 de abril por el Consejo de Ministros y remitidos a Europa. Entre otras cosas, en ellos nuevamente se estudia el cambio en la forma de gestión de muchos puertos españoles, la diferencia es que en esta tercera ocasión, estos textos se han anunciado en el inicio de la recuperación económica. Dichos Programas, plantean una modificación en el sistema de gestión que se analiza desde hace muchos meses, no obstante, nunca se ha detallado de forma diáfana cómo se va a viabilizar dicho cambio, que parecía más teórico que práctico y visible.

El Gobierno quiere obtener ingresos vendiendo bienes públicos, la necesidad y la urgencia de liquidez se ha disparado pero, el Estado ya no tiene empresas grandes que vender ya que fueron privatizadas hace décadas. El recurso de las privatizaciones no es tan fácil, teniendo en cuenta la coyuntura y el clima de los mercados, además el apetito inversor hacia España no es el de antes, no hay un ambiente propicio para la colocación de activos públicos, por lo que no será ni tan sencillo ni tan rápido de llevar a cabo. Privatizar compañías públicas es una de las primeras soluciones que siempre se plantean cuando se trata de captar recursos para el erario público pero la demanda nada tiene que ver con la de otras épocas.

En su caso, se transferirían una serie de actividades vinculadas a los puertos de empresas fundamentalmente estatales a empresas fundamentalmente privadas, desde los depósitos o el remolque y la carga y descarga de los buques, a la propiedad de las instituciones portuarias, las autoridades portuarias y la infraestructura. Los objetivos que se pretenden con la privatización de los diez puertos más rentables del sistema español, todos los del Mediterráneo más Palma de Mallorca, Bilbao, Huelva y Canarias, son incrementar la competencia, la financiación de accesos y la inversión privada (sobretodo en las concesiones), reduciendo rigideces, mediante la compatibilización de legislaciones nacional y comunitaria, y también se busca el favorecimiento de la gestión empresarial para atraer inversores. Estos puertos, dentro de los cuales se encuentra el de Castellón, son modernos, con infraestructuras de las más recientes, y están en una posición privilegiada, por lo que según las previsiones, con el cambio en la gestión de sus activos, se ingresarían unos siete mil millones de euros.

El Proyecto adquiere mayor importancia en este momento y para el sector debido a que en el Plan de Reformas se incluye expresamente modificar el sistema concesional. Pero además, parece ser que se ha despertado en algunas entidades financieras y grandes navieras un interés especial en la privatización de terminales y en la posibilidad de hacerse con el control de los puertos y su rentabilidad, por lo que están tanteando al Gobierno que, al transformar estos entes públicos en sociedades, entregaría el control de una gran parte de la economía a estos inversores. Desde el punto de vista jurídico, se deviene una ardua tarea, puesto que deberá revisarse toda la normativa marítima, empezando por la Ley de Puertos o la futura Ley de Navegación, que verá la luz próximamente.

Paola Tellols Barrionuevo
Abogado colegiado 3.086 icacs
BUFETE CARRASCO ABOGADOS