Los integrantes del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Valencia, presidido por Pedro Suárez (CCOO), se reúnen hoy en el Salón de Actos de la APV para trasladar a todos los trabajadores del sector el calendario de movilizaciones anunciado debido al conflicto abierto por la no renovación del Convenio Colectivo e informar de la situación actual. El acto se repetirá en todos los puertos españoles.

Integrantes del Comité de Empresa de la APV en la asamblea con motivo de la última huelga general

Puertos del Estado remitió hace dos meses al Ministerio de Fomento el texto del convenio colectivo y el departamento dirigido por Ana Pastor dió el visto bueno. Posteriormente, al trasladarlo al Ministerio de Hacienda, del que dependen todos los convenios y tiene que dar su aprobación, el convenio del sector portuario se ha quedado en un “vacío legal” porque Hacienda no se ha pronunciado ni en contra ni a favor.

“Se trata de un auténtico vacío legal. La espera caducó el pasado 21 de diciembre y ahora vamos a empezar con las movilizaciones. De momento ya hay prevista un encierro de 48 horas (entre los días 14 y 15 de enero) de todos los Comités de Empresa y Mesas Negociadoras de OPPE” explica a este diario Pedro Suárez.

El mayor temor de trabajadores y sindicatos es que hay una fecha límite para negociar y aprobar el texto. Si el 9 de julio no hay acuerdo no habrá convenio para el sector tal y como dictamina la última Reforma Laboral. “Tendríamos que regirnos por el Estatuto de Trabajadores y nuestras condiciones económicas y sociales se verán notablemente mermadas. Además, si finalmente no se aprueba el Convenio Colectivo, nos enfrentaríamos a un caso que no se ha dado en ningún momento de la democracia, y, por tanto, no hay jurisprudencia en ese sentido”.

Paz social
A nivel nacional, tanto UGT como CC.OO han venido denunciado esta situación y explican que “resulta increíble y difícilmenete comprensible que el Gobierno nos siga recortando retribuiciones y derechos sociales a empleados de los puertos, tan sólo para engordar los ya magníficos beneficios de las Autoridades Portuarias, ya que estos recortes no suponen en ningún caso la minorización del déficit público y, contradictoriamente, provocan menos cotizaciones de IRPF, un mayor déficit público y de recaudación”, destacan los sindicatos, que recuerdan que “hacer que los puertos sean más ricos mientras sus empleados son más pobres y, en consecuencia, consuman y contribuyan menos a la reactivación de la economía. Es increíble y difícilmente explicable que el Gobierno destruya empleo en los puertos, en un sector público que genera beneficios e inmensas economías de escala, deteriorando sus servicios de gestión directa a los usuarios de los puertos que están pagando esto a través de sus tasas”.

“La paz social en los puertos no tiene precio, el presidente de Puertos del Estado y la Ministra de Fomento lo conocen. Y no es otro que el sacar adelante los acuerdos suscritos y la profundización en el necesario diálogo social para abordar con garantías las necesidaes del sistema portuario y también sus empleados. Mientras no sea así se avanzarán en las movilizaciones”, recuerdan.