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Viernes, 31 de enero de 2025


Basta de cachondeo Sr. Llorca, Sr. Siim Kallas y Dimitris
VM, 03/01/2013

¿Por qué tenemos que soportar en el Sector de la Estiba, a través de Puertos del Estado y la Ministra de Fomento, a un señor que con el “Asunto del Dictamen”, primero se hace el loco, luego dice que no sabe nada. Después, que: “lo que dice Europa está tremendmante fundamentado y que tendrá que hacer lo que se marque desde Europa”.

Más tarde, ha dicho que un posible juicio en el Tribunal Europeo está perdido de antemando y que habrá que reformar la legislación española de acuerdo al Dictamen.

Luego, que el asunto se conoce por Fomento, Coordinadora y Anesco, desde 2009 pero todos lo han ocultado.

Para más “INRI”, se pacta en el 2010 la actual Ley de Puertos y, ahora resulta que no considera razonable ni justo ni equitativo continuar el actual proceso de infracción contra la legislación española.

Tenemos que tener claro que si la legislación española (toda la legislación española) se publica en el Boletín Oficial del Estado, ¿por qué los sindicatos son capaces de hacer una serie de alegaciones en defensa de la ley y sistema español y el própio Estado no ha sido capaz? Pero, si ahora si que lo hace, ¿por qué será?. ¿Será porque ha cambiado la postura del Estado?,

¿Será porque se han acordado de repente de que existen normas nacionales e internacionales que protegen nuestro sistema?

Entonces ¿qué es lo que está pasando? Estamos ante una victoria sindical y ya está, como se atribuyen unos, o se trata de que en el Consejo de Ministros han dado instrucciones precisas para defender los Puertos y, por ende, el desarrollo de la economía española.

Lo cierto es que el tema se las trae, porque, si por un Organísmo del Estado, es decir, por el
Ente Público Puertos del Estado ahora se considera injusta la resolución del Dictamen contra España, ¿por qué no se piden responsabilidades a los que supuestamente, a sabiendas, han dicatado esa resolución injusta (el Dictamen)?

En la Ley Española, que tanto interés ha despertado en el Sr. Siim Kallas y Dimitris, resulta que la prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta), es un delito penado por la Ley con Pena de cárcel.

Entonces, ahora, ¿qué hacemos?...

Rafael Beses
Estibador nº 63.277 del Puerto de Valencia