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Corredor mediterráneo, competitividad y crecimiento
España está sufriendo de forma muy aguda dos serios problemas: una crisis económica sin precedentes en la historia reciente y un cuestionamiento de la unidad nacional. Ambos están estrechamente relacionados y sólo una seria reactivación económica y expectativas claras de crecimiento puede resolverlos conjuntamente.
La reactivación de nuestra economía exige, además de reformas y ajustes económicos, una política inteligente de crecimiento que, en la coyuntura actual, tiene en la rápida ejecución del Corredor Mediterráneo un instrumento fundamental e insustituible. Un instrumento que nos permitiría salir reforzados de la crisis, ayudaría al cambio de modelo económico y a la reindustrialización del país y cambiaría las negras expectativas económicas actuales que están generando una creciente tensión y división social y territorial. Para ello es imprescindible que el Gobierno de España considere que la ejecución del Corredor Mediterráneo en tiempo y forma es el proyecto más importante con el que contamos en el corto y medio plazo para incrementar la competitividad de nuestro país y sentar las bases de nuestro futuro crecimiento. Y asumir dicha visión exige al Gobierno abordar la cuestión con una perspectiva más amplia de la que ha adoptado hasta ahora.
Como estamos viendo, la salida a la crisis económica en España, y también en la Comunidad Valenciana, pasa por el incremento de las exportaciones. Y estás sólo pueden impulsarse mejorando la competitividad del país e incrementando las inversiones en actividades orientadas al exterior. Es aquí donde el Corredor Mediterráneo resulta fundamental. El argumento más sólido, aunque no el único, es porque mejora de forma decisiva la accesibilidad a nuestro principal mercado, el europeo. Dado el peso fundamental y creciente que el transporte tiene en el coste final de las mercancías, en muchos casos superando a los costes laborales, su reducción tendrá un considerable impacto en la competitividad de la economía exportadora, concentrada en casi un 50% en el Arco Mediterráneo, y en el atractivo de España para la inversión procedente del exterior, especialmente la industrial y la orientada a la exportación. Como avisan las organizaciones de los sectores exportadores valencianos, y esto es extensible al Arco Mediterráneo, un retraso en la implantación del Corredor Mediterráneo para el tráfico de mercancías, significaría que las exportaciones de la Comunidad Valenciana, nuestro único motor económico, sufrirán un serio quebranto por pérdida de competitividad. La miopía del Gobierno de España puede ser fatal para los intereses valencianos y nacionales. Confiamos en la palabra dada por la Ministra de Fomento de que en 2015 estaremos conectados en ancho internacional en Valencia, y en 2016 en Alicante, pero para eso es imprescindible que durante el primer trimestre de 2013 se licite el proyecto. De lo contrario estaremos asistiendo a un nuevo agravio para nuestra región. Uno más a añadir a la larga lista ya acumulada. Pero la mayor oportunidad de crecimiento de nuestra capacidad exportadora deriva de la desviación del tráfico de mercancías entre el Sudeste de Asia y Europa que el Corredor generaría, y que repercutirá sensiblemente en la actividad productiva y en la inversión. Un hecho que haría del Arco Mediterráneo una de las mayores plataformas logísticas de Europa y el motor fundamental del cambio económico que nuestro país necesita. Su incidencia en el tejido productivo será múltiple. Por una parte impulsando la actividad logística, de alto valor añadido, tanto por el mayor flujo portuario que generará, como por toda la actividad adherida (desde el transporte y la logística hasta los servicios de mantenimiento y acompañamiento, pasando por los de asesoramiento, financieros y de seguros). Por otro lado, junto a este tráfico de mercancías hay que considerar los efectos arrastre (actividades de montaje y conexas) e inducidos (fundamentalmente la atracción de inversiones internacionales por el nuevo ambiente que se creará, la mayor visibilidad del territorio y la buena conectividad a los principales mercados), así como el impacto sobre la innovación y la actividad tecnológica que una gran plataforma logística genera. Con la particularidad de que toda la inversión, incluida una parte importante de la de carácter infraestructural, sería de índole privada. No será la Fundación ProAVE la que niegue la importancia de las reformas emprendidas por el Gobierno para mejorar la competitividad, ni el empeño puesto en el control del déficit público para lograr la estabilización de la economía española. Pero si dichas actuaciones no van acompañados de la adecuada aplicación de recursos públicos en las inversiones que estimulen la capacidad exportadora del país y atraigan inversiones privadas, el gran esfuerzo que estamos haciendo los españoles de poco servirá. Si el Gobierno apela a la racionalidad económica para justificar la dureza del ajuste, es exigible que utilice el mismo tipo de racionalidad para asignar las inversiones públicas y que no se impongan criterios político-electorales, como desgraciadamente está ocurriendo. Sólo así será posible hacer compatible austeridad y crecimiento. La Sociedad Civil valenciana se encuentra en una encrucijada y no puede quedarse de brazos cruzados. O nos movemos o caemos. La razón económica y el interés nacional nos asisten. No podemos dejar que se nos escape la gran oportunidad de salir de la crisis y construir un futuro prometedor de la mano de una gran transformación de nuestra economía. Una transformación que ayudaría, además, a ahuyentar el riesgo de secesión de alguna región del Arco Mediterráneo. Es la hora de trabajar seria y decididamente, todos unidos, Organizaciones Empresariales, Cámaras de Comercio y demás Sociedad Civil, para cambiar el rumbo de la política de infraestructuras del Gobierno de España. Federico Félix Real - Presidente de la Fundación Pro-AVE |
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