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Miércoles, 22 de enero de 2025


Llorca insta a adaptar la legislación antes del fallo del Tribunal Europeo
El Dictamen de la Comisión Europea sobre el modelo de la estiba en España provocará, casi con toda seguridad, una modificación de la actual legislación portuaria. El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, es consciente de que todo el proceso que se ha iniciado ahora desembocará en un cambio del Real Decreto 2/2011. Aunque no fue explícito en este sentido, Llorca sí dejó claro que las dos posibilidades que se abren ahora se unen en el mismo final.
VM, 19/10/2012

Minutos antes de comenzar una comida-coloquio organizada por el Propeller Club de Valencia, a la que estaba invitado, el presidente de Puertos del Estado afirmó ante los medios de comunicación que es partidario de no esperar al dictamen del Tribunal Europeo de Estrasburgo.

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José Llorca y Francisco Prado


“El dictamen está muy fundamentado, y es poco probable que el tribunal falle a favor de la legislación española”. Por tanto, Llorca es partidario de que los agentes sociales y Puertos del Estado se sienten y consensúen un cambio legislativo adaptado a las exigencias de la Comisión Europea, “frenar el golpe” lo llamó.

Y es que desde OPPE son conscientes de que una resolución judicial en contra de la Ley de Puertos actual podría introducir unos cambios que podrían no contentar a nadie. Lo que sí dejó claro Llorca es que “el Gobierno no va a legislar a priori”, es decir, que prefiere sentarse y contar con la colaboración de la patronal y los sindicatos.

Con todo, Llorca defendió el actual marco legal. Recordó que el modelo es fruto del consenso de los dos grandes partidos políticos del país, y que cuenta con el refrendo de empresas y sindicatos. Asimismo, ante los medios de comunicación afirmó que “cuando el legislador saca a la luz una nueva Ley de Puertos no piensa en que va a ser contraria al Derecho Comunitario”.

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Asistentes a la comida-coloquio del Propeller Club de Valencia



En ese sentido, adelantó que “no vamos a permitir que la Unión Europea sea discriminatoria con España”, en referencia a algunas similitudes que tienen los puertos españoles con otras dársenas europeas.

Llorca mencionó que aunque hay puertos que cuentan con un solo ‘pool’, no todos los estibadores están en él, con lo que las empresas estibadoras de otros enclaves de Europa no están obligadas a acudir a esos ‘pools’ para contar con personal estibador.

Por otro lado, José Llorca pidió a las Autoridades Portuarias que fueran más proactivas en la puesta en marcha de mejores conexiones terrestres y ferroviarias. Puertos del Estado pretende facilitar esa implicación, por lo que ya se estudia la ampliación del dominio público de los puertos para que las AAPP tengan algo que decir en la construcción y explotación de estas conexiones.

Aunque el presidente de OPPE reconoció que la situación actual del sistema portuario no es mala, reconoce una deuda de 2.500 millones de euros a largo plazo y, sobre todo, una deuda muy localizada en algunos puertos, al igual que un bajo grado de índice de ocupación, “que debería pasar del 40% actual al 60%”.

Por otro lado, reconoció que el Gobierno “está reflexionado” sobre el papel de las Autoridades Portuarias en los Presupuestos del Estado. En la actualidad, todos los recursos que generan los puertos se gestionan al 100% por la Autoridad Portuaria, esto es, los puertos no contribuyen al Tesoro Público. “No hay ninguna decisión tomada al respecto”.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Antes de la comida-coloquio, el Propeller Club de Valencia celebraba una Asamblea General Ordinaria en la que se daba el visto bueno a los Presupuestos para el próximo año. Asimismo, se confirmó que el 15 de noviembre habrá una nueva comida-coloquio en la que está prevista la presencia de Pablo landecho, director gerente del Consorcio Valencia 2007.


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Instantánea de la Asamblea General Ordinaria del Propeller Club


Asimismo, el 8 de noviembre se llevará a cabo una Jornada sobre Formación y Dirección Empresarial en la que participarán Salvador Navarro, presidente de la CEV, y Ángel Pérez Maura, consejero delegado
de Pérez y Cía).

Por otro lado, se renovó a Antonio Pitarch y a Vicente Gimeno como censores de cuentas.