En los últimos días hemos sido testigos de tomas de postura y de un encuentro al más alto nivel, entre la ministra de Fomento y las presidentas de las comunidades
de Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón, así como el presidente de Extremadura, a favor de priorizar el Corredor Ferroviario Central. También se ha hablado de impulsar el Corredor Ferroviario Atlántico.

Curiosamente, con la excepción del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, la posición del gobierno de España resulta poco clara, por no decir ambigua, respecto al Corredor Mediterráneo, el más importante para el desarrollo del país y el que Bruselas y el mundo empresarial europeo consideran más necesario. Cuando las cosas se plantean así, se corre el riesgo de que no sólo la mejor opción sea descartada por disensiones internas, sino que ninguna vaya al final para adelante por rechazo externo, con el resultado de que es el interés nacional el que sale doblemente perjudicado.

En un momento económicamente tan delicado como el actual, en el que no sólo los recursos para inversión ferroviaria son escasos sino que los pocos que hay deben invertirse de la forma más rentable posible y con el mayor impacto sobre el crecimiento del país, plantear un conflicto de trazados no sólo es irracional económicamente, sino peligroso políticamente. El problema puede derivar en una posposición de las decisiones, con las pérdidas que esto supone, y en un desenganche del compromiso de Bruselas para financiar al más prometedor y necesario, el Corredor Mediterráneo.

La ministra Ana Pastor dio una muestra de sensatez y valor al decir, no hace
muchos días, que en España se había desperdiciado demasiado dinero en
inversiones infraestructurales con escaso sentido económico. Es por ello que resulta difícil entender el que no sólo muestre poco interés por el Corredor Mediterráneo, sino que potencie alternativas mucho menos interesantes y estratégicas para el desarrollo nacional y europeo.

En tiempos de penuria, los gobiernos deben hacer prevalecer la racionalidad económica sobre las presiones políticas y priorizar los proyectos de mayor impacto para la reactivación y el crecimiento económico, que son los que generan empleo, el principal problema nacional. No se entendería que este objetivo fundamental sucumbiera ante intereses políticos.

Como ya hemos expuesto repetidas veces, el Corredor Mediterráneo no es una infraestructura más. Se trata del instrumento de política económica más poderoso que tiene a su alcance el Gobierno de España para impulsar la tan necesaria reactivación y el crecimiento económico del país y generar un cambio de modelo de desarrollo económico.

Fundación PRO AVE - presidencia@proave.org
Con una inversión moderada (poco más de 5.000 millones de euros) y en un tiempo record (tres años) se puede aprovechar el gran potencial de desarrollo que encierra la posición estratégica de los puertos transoceánicos del Mediterráneo
Español en la ruta de las mercancías que circulan entre Asia y Europa del Norte.

Una posición que permitirá acortar los tiempos de desplazamiento de dichas mercancías.

Esta inversión no sólo incrementará sensiblemente la actividad portuaria y el asentamiento de navieras, sino que generará una gran plataforma logística en el Eje Mediterráneo Español y creará un espacio especialmente atractivo para la inversión extranjera y la atracción de empresas asiáticas y del norte de Europa.

Ni el Corredor Central ni el Atlántico poseen las propiedades de que goza el Corredor Mediterráneo para hacer rentable la inversión ferroviaria y generar un gran impulso económico.

Pero más allá del impacto que sobre el crecimiento y el empleo tiene la combinación entre localización, puertos transoceánicos y ferrocarril, el Corredor Mediterráneo posee la cualidad de impulsar actividades nuevas y de alto valor añadido y estimular la actividad exportadora y la competitividad de la economía española, algo decisivo para el progreso futuro del país.

La necesidad de dar prioridad al Corredor Mediterráneo sobre los otros corredores no se debe sólo a lo que acaba de exponerse, con ser ello fundamental. También es relevante el hecho de que casi la mitad de las exportaciones del país proceden de esta área, y resulta evidente que si no mejoran las conexiones ferroviarias con nuestro principal mercado, el europeo, se corre el serio riesgo de perder competitividad y mercados. Lo que sería fatal para una economía, la española, que sólo puede encontrar una salida airosa a la crisis impulsando sus exportaciones.

El actual gobierno de España está dando muestras de sensatez y valor para afrontar los serios problemas económicos que sufre el país. Está impulsando reformas y medidas de gran calado, asumiendo serios riegos y costes políticos, porque la situación económica y la salida de la crisis lo exigen. Sería de lamentar que, por presiones políticas, dejara de lado la razón económica a la hora de seleccionar el corredor ferroviario de mayor impacto, renunciando a un motor de reactivación y desarrollo que completaría la labor de saneamiento económico que viene llevando a cabo. El Corredor Mediterráneo no es sólo una infraestructura más, es el instrumento que la economía española necesita para remontar el vuelo.

Federico Félix
Presidente Fundación PRO AVE