Para hacer frente a este pago dentro un plazo que expiraba ayer, tanto ayuntamiento como Generalitat han recurrido a una fórmula de pago por terceros a través de una sociedad participada por ambas instituciones valencianas.

El recurso a esta sociedad, denominada Valencia Estrategia, Promoción e Imagen, permite que puedan recuperar el dinero aportado en concepto de IVA “y no producir un mayor coste a los valencianos”.

Barberá puntualizó que se trata de “una encomienda de gestión” y no de una “cesión de derechos y obligaciones” a la empresa a través de la que se efectúa el pago. Según manifestó, la elección de esta fórmula se ha llevado a cabo tras encargar informes jurídicos a los servicios municipales de Intervención y Secretaría, y tras una moción del Delegado de Deportes, Cristóbal Grau, aprobada el martes en una sesión extraordinaria y urgente de la junta Gobierno Local. “Se acordó encomendar a esta Sociedad los ingresos del canon y del IVA, cumpliendo sin mayor problema ni mayor coste nuestro compromiso. No se quería que el ayuntamiento pagase directamente el IVA porque no lo podríamos recuperar ni repercutir”.

La primera edil recordó que el Estado cede a las comunidades autónomas el 35% de lo que ingresa en concepto de IVA “y se queda el 65%”. De ese 65% el porcentaje que entrega a los ayuntamientos es el 1,789%, “con lo cual recuperaríamos apenas 39.000 euros y no sería precisamente un buen negocio para el ayuntamiento ni para los ciudadanos. El problema ha sido resuelto con esta encomienda de gestión”

Cruce de cartas
El pasado viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la misma alcaldesa mantuvieron una conversación telefónica. Según fuentes consistoriales, Fernández de la Vega se comprometió a estudiar la propuesta de Barberá y Camps. En la respuesta se pone de relieve el interés “con que el Gobierno de España ha trabajado para que Valencia fuera designada nuevamente como sede de la próxima edición de la Copa América”.

La vicepresidenta primera anuncia la disposición a continuar ese “esfuerzo, trabajo y colaboración para reeditar los éxitos”, pero en el párrafo siguiente afirma que la propuesta de modificar y “habilitar transitoriamente” al consorcio 2007 para asumir los nuevos compromisos “choca frontalmente con los informes de la Abogacía del Estado y del Ministerio de Economía y Hacienda”. Más tarde habla de que fue esa “imposibilidad jurídica, la que motivó, el pasado mes de julio, la decisión conjunta de las tres Administraciones de crear un nuevo consorcio”.

En esa carta también se afirma que “la Abogacía del Estado entiende constituido el consorcio 2009” y habla de que “una posible alternativa sería que -por los órganos competentes de vuestras respectivas administraciones- fueran aprobados los estatutos del Consorcio 2009”.

En los párrafos finales se insiste en el apoyo del Gobierno y se recuerda que Zapatero recibió a Bertarelli y que “hemos firmado un precontrato con la empresa ACM antes de constituir el Consorcio, y hemos aceptado la mayor parte de las propuestas que habéis formulado, algunas de ellas, como sabéis, tan significativas como la disminución del número de representantes de la Administración General del Estado en el Consorcio”.

A esta carta Barberá y Camps con otra en la que se recuerda que la propuesta de las dos Administraciones valencianas “conllevaba una leve modificación de los estatutos del Consorcio 2007, precisamente, para dotar a su objeto de plena identidad jurídica con la celebración de la trigésimo tercera edición de la America’s Cup -de forma transitoria- que, observamos, no ha sido considerada por la Abogacía del Estado, y por ello choca frontalmente con sus informes; pero nuestros juristas nos insisten en que sería plenamente posible y válida”.

Rita Barberá y Gerardo Camps propusieron un intercambio de informes, “por si de su estudio y análisis pudiésemos conjuntamente obtener alguna otra conclusión” y pusieron en conocimiento de Fernández de la Vega “que en el mes de Julio nosotros manteníamos la tesis de la validez del Consorcio 2007 cambiando el año, número de edición y otros extremos menores del acontecimiento; aunque aceptamos, como prueba de buena voluntad en nuestra relación, aprobar un nuevo Consorcio 2009 porque por parte de la Ministra Salgado se nos dijo de forma expresa, privada y públicamente que sería similar al de 2007, y nunca nos comentó que la propuesta de estatutos escondía un cambio sustancial en la composición del Consorcio y en su Presidencia; modificación que conocimos a final de agosto y con la que no estamos de acuerdo”.

Asimismo, se le informa del cumplimiento del pago del Canon e IVA con fecha de ayer mediante la citada fórmula de Sociedad Participada por la Generalitat y el Ayuntamiento, para señalar, a continuación, que “no entendemos muy bien propuestas como la de que el Abogado del Estado dé por constituido un órgano que no lo ha sido formalmente, o que tenga plena capacidad el Director General nombrado para el Consorcio 2007 cuando se niega la validez de dicho Consorcio”.